Según consignó el prestigioso periódico nacional Ámbito Financiero, desde mayo de 2011 hasta marzo de 2020 la Ciudad contrató a un grupo de empresas para hacerse cargo del «servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica, con destino a todas las dependencias y bienes» del Gobierno porteño, incluido el subterráneo.
Según el matutino, el gobierno de Larreta contrata desde 2011 a un grupo de empresas de vigilancia física y electrónica que acumulan numerosas multas por irregularidades. El monto de las contrataciones creció sin pausa ni controles desde entonces.
El costo del servicio de seguridad privada aumentó 581% de la gestión de Mauricio Macri a la de Horacio Rodríguez Larreta y llegará a superar los $5000 millones. La contratación recae sobre cuatro empresas que recibieron cuestionamientos del propio oficialismo por falta de idoneidad.
Los convenios
El primero de los convenios se adjudicó por cuatro años a través del Decreto 216/11, firmado por Macri, por un total de $496 millones. Luego se ajustó hasta sumar $597 millones. El segundo convenio fue una prórroga por 12 meses del primero, por un total de $353 millones. La tercera contratación surgió de la Licitación Pública 623-1447-LPU-15, que por otros cuatro años se adjudicó en $4.067 millones.
Así, por nueve años de contratos se presupuestaron $5018 millones, un total de $557 millones por año. El principal motivo del incremento presupuestario fue el relevo de efectivos de la Policía Federal en 350 dependencias porteñas.
Las empresas contratadas no varían: Líderes Consultores de Seguridad S.A.; Murata S.A.; Comahue Seguridad Privada S.A. y Briefing Security S.A.
Sin embargo, las cuatro firmas acumulan cantidad de multas en el Registro de Penalidades y Sanciones del Gobierno porteño y en el caso de querer rescindir el contrato las sanciones económicas deben superar el 10% del monto total del convenio o exceder el 40% del mensual facturado durante dos meses consecutivos o tres alternados: es decir, entre 5 y 10 millones de pesos, sumas lejanas a los montos que aplica el gobierno de Larreta. Se trata de empresas que, además, apunta el periódico, fueron aportantes a la campaña de Cambiemos.
