Vecinos de la Villa 31 se encontraban en la puerta de la Legislatura para expresar su rechazo a la ley de reurbanización de las villas, iniciativa que no contempla la participación de los vecinos contemplada en la constitución de la ciudad y habilita la especulación y el negocio inmobiliario, custodiados por un fuerte dispositivo policial.
Mientras tanto en el recinto, los legisladores de diferentes bloques (PO, PTS, BP, UC) coincidieron en el tratamiento veloz que se le dio a un proyecto que busca saldar una deuda de más de 40 años con los vecinos, y que las modificaciones que se le realizó al proyecto fueron sólo de forma y no fundamentales, e hicieron hincapié en la fuerte presencia policial en las puertas de la Legislatura.
Patricio Del Corro del PTS y Tomada de Unidad Ciudadana fueron duros con las críticas hacia el proyecto enviado por el Ejecutivo y remarcaron que «no es un gobierno del diálogo como dicen desde el oficialismo. Los vecinos quieren una verdadera urbanización, pero apuraron el proyecto y se cierra al diálogo y divide a los vecinos a su favor, pero no los escucha e incita el enfrentamiento»…»Van a urbanizar un barrio con los vecinos en contra» continuó Solano y agregó que para tratar esta ley «tuvieron que poner a la policía» y le recordó al oficialismo que «no se pueden erradicar las villas por su lucha».
Una modificación al proyecto de ley incorporada a último momento establece taxativamente que “no se realizarán desalojos forzosos. Toda relocalización que resulte excepcionalmente necesaria se realizará dentro del polígono del barrio y con el consentimiento de los/as beneficiarios/as”.
Serán beneficiarios de una solución habitacional única y definitiva en los términos de la presente ley, las personas del Barrio Padre Carlos Mugica que se encuentren registradas en los empadronamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos entre los años 2016 y 2018; quienes acrediten ante la Autoridad de Aplicación residencia permanente en el momento de la posesión definitiva y quienes no hayan sido beneficiarios de otros Programas de Vivienda social en los últimos 10 años en el territorio de la República Argentina. Las organizaciones sociales que prestan servicios y actividades en el barrio también podrán ser beneficiarias de una parcela y/o unidad funcional.
El Título Tercero de la Ley hace referencia al ordenamiento territorial y a la normativa urbanística. En este sentido se prevé un esquema de apertura de calles, se establecen las alturas permitidas en cada parte del polígono y los usos para cada uno de esos sectores. Además se avanzará en la liberación del bajo autopista actual con la relocalización de los habitantes en viviendas nuevas, que estará sujeto al acuerdo de los vecinos.
Por otra parte, cuando se avance con la nueva traza de la autopista Illia, todo lo que hoy forma parte de la bajada pasará a ser un conector verde donde se destinará un 25% a vialidad y un 75% de su superficie a espacio público.
También se agregó el precepto de “contemplar la factibilidad de incorporar establecimientos y/o servicios de sanidad, educativos, de cultura, culto y esparcimiento” y que la autoridad de aplicación posibilite “el acceso a reducciones tarifarias suficientes en los servicios de agua potable, electricidad y alumbrado, barrido y limpieza”. También le encomienda a esa autoridad promover “la incorporación de los integrantes del grupo familiar que sean mayores de edad a programas de terminalidad educativa, capacitaciones, talleres de oficios y oportunidades laborales que tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica”.
En este sentido la ley sostiene en uno de sus artículos que «en el marco del proceso de reurbanización e integración social se ampliará la oferta educativa a fin de contribuir con garantizar el derecho a la educación de la totalidad los habitantes del Barrio Padre Carlos Mugica. Para tal fin se instalarán establecimientos educativos estatales y se adecuarán establecimientos comunitarios preexistentes».
También se dispuso que “los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el barrio, serán respetados y puestos en valor con el consentimiento del responsable a cargo de administración de dicho inmueble”.
La iniciativa tuvo despacho de las Comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto y se elaboró sobre el expediente de autoría del Jefe de Gobierno; previamente hubo una iniciativa particular de Amalia Aima hecha propia por los diputados Javier Andrade y Paula Penacca (UC), que presentaron un proyecto de minoría proponiendo la vuelta a comisión del expediente porque sus objeciones no fueron consideradas y por «la multiplicidad de acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana que no están enmarcadas en ninguna ley».
