Informe especial para El Adán
Una de los mayores logros de la clase política porteña en estos años, luego de la crisis del 2001, fue desactivar la participación ciudadana, que los vecinos no participen políticamente ni tenga incidencia real en las discusiones acerca de los problemas de la vida cotidiana y mucho menos, que tenga poder de exigencia en la asignación de recursos, uno de los reclamos mas visibles en este agosto, endulzado de frescura y compromiso estudiantil.
Tanto en este tema del deterioro edilicio de las escuelas como en la ausencia de política habitacional en la ciudad para los sectores de menores recursos o en otros temas esenciales para una mejor calidad de vida, para hacer cumplir los exiguos presupuestos asignados en tiempo y forma, si no es a través de la protesta potente, contundente y convencida, la única instancia de participación ciudadana es la Iniciativa Popular, una instancia constitucional obligatoria para el gobierno porteño, pero no vinculante, sin embargo inútil en su efectividad porque el porcentaje de firmas para apoyar un petitorio es tan grande que resulta imposible de lograr. También existe la Audiencia Pública obligatoria cuando se desarrollan proyectos de envergadura que puede afectar al medio ambiente o a la vida cotidiana de la gente. Allí los vecinos pueden expresar sus reparos por algún proyecto polémico o proponer iniciativas alternativas ante las ideas del poder político, que es quien decide en lo concreto, en la mayoría de los casos, desestimando las propuestas vecinales. Además, los ciudadanos no se enteran casi nunca de estas audiencias y en la mayoría de los casos, los oradores son funcionarios del mismo gobierno que apoyan el proyecto a discutir y es una constante tratar con indiferencia las opiniones vecinales.
Una de las reformas políticas que permitirían cierto grado de participación, es la división de la ciudad en comunas autónomas, instancia legal que ya esta vigente y que contempla la elección de una junta comunal de siete miembros en cada una de las alcaldías que se realizará en el 2011. Este tema se mantuvo oficialmente en el mas estricto silencio con el objetivo que la ciudadanía no participe en este proceso, mientras los partidos políticos buscan posicionar a sus candidatos dejando de lado nuevamente a los vecinos. Ahora los CGP de la ciudad, abrieron una instancia de discusión en cada comuna, con los llamados pre-consejos participativos, que en algo ayuda a disipar la indiferencia gubernamental hacia este tema, pero ese algo es tan pequeño, tan raquítico en la voluntad política, que no alcanza para constituirse en una acción que genere mayor calidad democrática en la ciudad.
La propuesta original que no se tiene en cuenta.
Este proceso de descentralización tiene en sus fundamentos tres grandes perspectivas. Por un lado la posibilidad de la incorporación de nuevos actores sociales en la organización de las políticas sociales y en la utilización de una parte de los recursos económicos de la ciudad con la intervención de los concejos consultivos integrados por vecinos.
Un segundo enfoque más técnico es la posibilidad de desburocratizar la gestión para beneficio del ciudadano que es el destinatario de los bienes y servicios en una comunidad.
Una tercera perspectiva tendría una arista más fiscalista acorde a las características de las experiencias de descentralización aplicadas en América Latina, es decir, el saneamiento de las cuentas del sector publico orientadas a evitar el derroche, la malversación o el uso del erario publico para sostener estructuras partidarias empleando a militantes o allegados en puestos de responsabilidad gubernamental. Teniendo en cuenta estos tres enfoques (nuevos actores sociales, desburocratizar la gestión y hacer mejor uso del dinero público) se puede hablar positivamente de esta iniciativa de descentralización y la instalación de las comunas.
La situación actual
El gobierno porteño y la oposición, no cumplen con la ley que los obliga a generar información masiva para promover la participación de los vecinos en el proceso de constitución de las comunas. Recordemos que las zonas descentralizadas tendrán sus propias instituciones autónomas de gobierno y los ciudadanos de los barrios de cada alcaidía elegirán a sus representantes en forma directa.
Si el próximo año efectivamente hay elecciones comunales, habrá una mayor expectativa de los vecinos en cada comuna que seguramente reclamarán un nivel mas alto de compromiso con los problemas cotidianos a la Junta elegida. Pero es importante resaltar que deben adjudicarse competencias reales de decisión a los vecinos y el ejecutivo porteño deberá destinar las partidas presupuestarias que necesita cada comuna para funcionar bien. Si esto no sucede, el proceso estará vacío de contenido
Gustavo Dufour es un sociólogo argentino, que participó activamente en el proceso de descentralización europeo, especialmente en las comunas de Barcelona y ante nuestra consulta esto nos comento: “si el proceso de descentralización en Buenos Aires se queda a mitad de camino en la profundidad del cambio, será sin dudas, una experiencia negativa para los vecinos. Cuando analizamos la experiencia europea vemos que luego de una oleada descentralizadora en los ochenta y principios de los noventa, hoy se trata de dilucidar los criterios para decidir las competencias entre los distintos niveles de gobierno. Concretamente en Europa se habla de una categoría conceptual definida como “gobierno multinivel, es decir, no se habla solo de gobiernos locales, regionales o centrales, se habla de cuatro niveles de gobiernos que están interactuando en la función publica y es a mi criterio el camino que hay que iniciar en la Argentina y específicamente en Buenos Aires”.
Puede ser una oportunidad desperdiciada. Los recursos son vitales.
Sin dudas, el proceso de comunas debe estar dirigido a incorporar nuevos actores participativos a la trama social y evitar que se apropien de esos canales aquellos que ya están representados en el estado, sin embargo, esta perspectiva es la que menos quieren los funcionarios políticos, que usarán las comunas como carrera política para ellos o como pago de favores a sus entornos, de allí el silencio sobre este tema. Si las comunas se instalan, tal como marca la constitución de la ciudad, y no tienen recursos propios (presupuesto porcentual asignado por ley), se puede cercenar la capacidad de decisión, lo cual se traduciría en que los gobiernos locales podrán ser manipulados por el gobierno central por no tener capacidad financiera real.
Las competencias exclusivas y concurrentes
En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires cuando se habla de comunas, se habla de competencias exclusivas y concurrentes con el gobierno central. Las primeras deberían ser lo más amplias posibles ( están ultraminimizadas en la ley aprobada) y las concurrentes con el gobierno porteño, decidirse en los Consejos Intercomunales aprobados en la norma vigente. Esta en una idea surgida de la llamada “Ley Villa Mitre”, una iniciativa de ley de comunas llevada a la Legislatura por el mecanismo de Iniciativa Popular, que elaboró la Unión Vecinal por Comunas de ese barrio porteño.
Es indudable que en lo cotidiano suceden cosas graves que provocan necesariamente la participación de los vecinos. Esta voluntad puede ser mas fluida y organizada (siempre que el poder político tenga esa decisión), con las comunas funcionando. Hablamos de los casos de talleres clandestinos con su estela de muerte y explotación, los depósitos de ancianos llamados geriátricos, la expansión del consumo de droga y el alcohol entre los mas jóvenes y no tanto, los bajos niveles de seguridad en muchos barrios, el deterioro de calles y plazas o el incumplimiento de normas municipales. Como ejemplo, está el hecho más terrible de los últimos años que es la masacre de Cromagnon.
Por otro lado, con la instalación de las comunas se podría revertir, sería lo ideal, un funcionamiento perverso en el manejo de fondos públicos, pues es absolutamente antidemocrático que un distrito como la Capital, con el segundo presupuesto de la República y tres millones de habitantes, sea manejado a discreción por una sola persona y que los Centros de Gestión y Participación sean apéndices del gobierno central y trampolín de ascenso político de los amigos del poder, dejando de lado las opiniones vecinales acerca de proyectos locales y que se alejan cada vez mas, del sentido de servicio a la población, que debería ser el motor de estas dependencias.
