Por CALISAFAUBA
Los campesinos y los pueblos conmemoran el 17 de abril el DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA, para recordar la masacre-aún impune- de “El Dorado dos Carajás”, en 1996, donde fueron asesinados 19 campesinos del Movimiento de los Sin Tierra-MST del Brasil. También es el día de “las luchas campesinas” y en el que se denuncia al modelo agropecuario de las grandes corporaciones y los organismos internacionales de comercio y finanzas, a la vez que se reafirma una agricultura con agricultores, al servicio de la soberanía alimentaria, defendiendo la tierra y honrando la vida.
Esa lucha campesina involucra a más de mil quinientos millones de personas que producen sus propios alimentos en forma independiente: campesinos cultivadores o productores pecuarios con distinto grado de capitalización, pastores, cazadores, pescadores artesanales, recolectores y cosechadores de agua, etc. por lo que son múltiples las situaciones que se pueden encontrar. Esto también ocurre en Argentina.
Este 17 de abril merece festejar también dos acontecimientos: la Declaración de los “Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales” por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre 2018 y la convocatoria al “Foro Por un Programa Agrario” que, con la importante contribución de los trabajadores de la tierra, se realizará en el micro estadio de Ferro Carril Oeste el 7-8 mayo.
Los “campesinos” en Argentina
Los “campesinos” son parte de mundo lejano para una sociedad en la que el 90 % de la población son habitantes urbanos y las dos terceras partes vive en conglomerados que crecen sin parar. Poco saben sus habitantes de las familias que trabajan la tierra. Poco se sabe de quiénes y cómo producen sus alimentos, su vida, sus luchas y demandas; muy poco se conoce de sus contribuciones, y las que podrían llegar a realizar en un adecuado contexto de políticas públicas.
A fin de acercarnos a esta problemática heterogénea y compleja, convendría reconocerlos como integrantes del “OTRO CAMPO”, el de la “AGRICULTURA FAMILIAR”, muy distinto a ese “campo” –también muy diverso- de las grandes escalas productivas, del “agronegocio” cada vez más concentrado y poderoso, movido básicamente por el lucro, y para el que el alimento es sólo una mercancía más.
Sin contar aún con la necesaria información del Censo Agropecuario 2018, podríamos seguir diciendo que ese “OTRO CAMPO” incluye a numerosos trabajadores sin tierra y a las dos terceras partes de los productores agrarios de Argentina, unas 200 mil familias, que persisten en las actividades agrarias a pesar de la crítica situación dada por restricciones estructurales históricas, por una casi permanente discriminación negativa del Estado y continuas agresiones a partir del 2016.
Reconocer la historia social agraria reciente
Sin bien comprender lo que hoy sucede requiere mirar muy atrás en la historia, es fundamental caracterizar lo sucedido sobre todo en los últimos 50 años. Las crisis sucesivas de la Federación Agraria Argentina y su red de entidades asociadas, la dura represión a las Ligas Agrarias en la década del 70, la recuperación, recreación y expansión de la organización de la “agricultura familiar” –nuevas organizaciones y movimientos- después de la última dictadura y su fortalecimiento con apoyo público no pueden faltar en ese análisis. La reciente irrupción de organizaciones territoriales de los periurbanos suman visibilidad, creatividad y propuestas a esta historia de lucha.
El análisis no puede ignorar la “modernización” y el “progreso” que simultáneamente se fue dando a impulso de la Revolución Verde, especialmente a partir de la explosiva incorporación de los transgénicos en 1996. Tampoco sus consecuencias.
El rol del Estado fue clave en la definición de los objetivos y los actores a discriminar positiva y negativamente en el modelo agrario. La marginación implicó desconocimiento de derechos de agricultores familiares y pueblos originarios y, más recientemente, eliminación y/o recortes presupuestarios de áreas, planes y proyectos; designación de ineptos y/o soberbios en funciones directivas; maltrato sistemático y expulsión de numerosos técnicos y especialistas con experiencia y compromiso; desarticulación y desprecio de mecanismos de consulta y participación, etc.
El “OTRO CAMPO” y el desarrollo sostenible
Pensar un desarrollo económica, social, ambiental, cultural, política y éticamente sostenible requiere una democratización del Sistema Agroalimentario Argentino que no admiten demoras y se asienta en la agroecología, la economía social y la participación ciudadana. La gravísima situación del país podría justificar dilaciones en ciertos aspectos, pero no en la puesta en marcha de decisiones que favorezcan el logro de una alimentación sana, segura y soberana y, por lo tanto, la transición a la soberanía alimentaria de toda la población.
Aunque con una mirada restringida exclusivamente al sector primario, destacamos entre esas medidas:
-promoción del arraigo y el desarrollo local, para lo que el accionar de los municipios y la creación de redes solidarias productores-consumidores/ciudadanos es clave; debe hacerse más visible el esfuerzo y trabajo de las familias agricultoras, reconocer y valorar sus diversas contribuciones;
-fortalecer el arraigo y repoblar los territorios vaciados –e incluso devastados- por las grandes empresas, implica planificar y poner en marcha distintas modalidades de acceso a la tierra, al agua, a la biodiversidad (semillas, por ejemplo) y a los mercados, con familias jóvenes a quienes se debe asegurar financiamiento, servicios básicos, capacitación y tecnologías adecuadas;
-desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción, gestión, organización y comercialización, para lo que se requiere una institucionalidad pública acorde. No son suficientes programas superpuestos y discontinuos, sino que se requieren Planes Nacionales que contemplen políticas integrales y diferenciadas para los actores y un desarrollo socio-territorial respetuoso del ambiente y la vida.
Debe contarse con marcos legales que establezcan con claridad roles y responsabilidades en el manejo de los bienes públicos y mecanismos rigurosos para asegurar su cumplimiento. El Sistema de Ciencia y Técnica y la Universidad Pública son imprescindibles en este proceso, para lo que deberán disponer de presupuestos adecuados pero también con mecanismos claros de participación ciudadana en sus decisiones.
