Monte Maíz es un pueblo de 8000 habitantes al sureste de la provincia de Córdoba, donde los nuevos casos de cáncer triplican la media nacional, lo mismo sucede con las neumopatías, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Acusan al uso indiscriminado de agrotóxicos usados en el cultivo de la soja transgénica.
Los vecinos de Monte Maíz preocupados por los problemas de salud que los afectaban, realizaron un relevamiento de los casos de cáncer y otras enfermedades que se multiplicaban por cientos en el pueblo. Luego intentaron un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para poder analizar los datos.
Pero esto fue posible recién en octubre del 2014, cuando el Dr. Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, junto con su equipo de investigación, estudiantes de las facultades de medicina de la UNC y de la Universidad de Buenos Aires, realizaron un relevamiento epidemiológico de distintas enfermedades que se estaban multiplicando por la ciudad.
Los datos que allí obtuvieron revelaron que la incidencia de cáncer triplica la media nacional, al igual que los casos de aborto espontáneo, o la incidencia de malformaciones congénitas la cual es más del doble de la nacional.
La principal actividad económica de Monte Maíz es la agricultura, con predominio del monocultivo de soja con el consiguiente uso de herbicidas como el glifosato, el cual fuera recientemente declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, hace menos de un mes.
En Córdoba, las organizaciones sociales, partidos de izquierda y vecinos se resistieron históricamente a la instalación de las grandes multinacionales como Monsanto en la provincia; hasta que en junio del 2014 se votara la Ley de Convivencia Ambiental, aprobada por casi la totalidad de los legisladores del PJ, UCR y Frente Cívico.
Esta ley otorga una «licencia ambiental», es decir un acto administrativo de autorización del Estado, a las empresas que sean aprobadas por la Autoridad de Aplicación del gobierno. Esto le diò vía libre a la multinacional Monsanto para instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas, donde los vecinos siguen resistiendo que la empresa se instale .
El pasado 14 de abril, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, emitió un comunicado en el que dice no haber aprobado el estudio ambiental en Monte Maíz.
Unos días después, el 21 del mismo mes, el decano Juan Marcelo Cornero, de la Facultad de Agronomía de la UNC; cuyo secretario general es el ingeniero que firmó el informe de impacto ambiental para que se instale la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Jorge Omar Dutto- , presentó un pedido de sumario administrativo al Consejo Superior de dicha universidad, contra el Dr. Ávila Vázquez, por considerar que el equipo se extralimitó en las actividades autorizadas y que esto se agrava al considerar que Ávila Vázquez habría difundido, anticipadamente en la comunidad, e inmediatamente en los medios masivos de comunicación, los datos de la investigación de manera engañosa.
Para el 22 de abril se conformó un comité de bioética, con el fin de determinar si el trabajo del Dr. Ávila Vázquez cumple con los requisitos científicos y éticos requeridos por la ley. El mismo determinó la validez del estudio; aunque el sumario levantado contra el Dr. Ávila Vazquez y su equipo siguen en pie.
Las diferentes denuncias que realizan desde las propias comunidades por las consecuencias en la salud de la población, son sólo un aspecto del entramado de fondo, que tiene que ver con el desarrollo de un sistema de producción agrícola que está causando daños ambientales y problemas de salud a las poblaciones cercanas a los campos de cultivo de soja transgénica y al uso indiscriminado de agro tóxicos. Una política avalada por los gobiernos provinciales y la administración nacional.
Fuente: La Voz del Interior. Izquierda diario, Página 12
