Traspaso de tribunales nacionales al fuero porteño. Entrevista a Cristina Caamaño, fiscal de la Nación.
Apenas iniciado el 2017, los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Ciudad, Martín Ocampo, junto al presidente Macri y al jefe de gobierno Larreta anunciaron la decisión de pasar los fueros Penal, Comercial y de Menores de la Justicia federal a la órbita porteña, que requiere la aprobación del Congreso y la Legislatura.
La promesa es que habrá más celeridad y respuesta a los temas federales.
La discusión del traspaso de los juzgados federales a la ciudad viene desde el inicio del gobierno de Cambiemos.
La reforma ya fue anunciada a mediados de 2016 y se anuló porque la comunidad judicial se levantó en pie de guerra contra el convenio que se iba a concretar a fines de noviembre.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano le comunico esta suspensión a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), una de las entidades que había expresado su preocupación a la Casa Rosada por el traspaso de los tribunales.
Pasaron apenas dos meses para que el PRO reflotara la iniciativa.
Para dilucidar este tema tan complejo para la gente común consultamos a Cristina Caamaño la prestigiosa fiscal responsable de la investigación del crimen de Mariano Ferreyra, defensoras de la reforma del Código Procesal Penal, para que los fiscales tengan más poder en las investigaciones criminalísticas y responsable del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) antes de que pasara a la órbita de la Corte Suprema.
Sobre la reforma anunciada le preguntamos a la fiscal Caamaño si es constitucional el traspaso de tribunales nacionales a la ciudad y si viola el artículo 120 de la Constitución Nacional y esto nos respondió:
El traspaso de los tribunales y los ministerios públicos es inconstitucional. En el primer caso porque afecta la inamovilidad y la estabilidad que la Constitución Nacional (art.110) le otorga a los magistrados y funcionarios judiciales. Es cierto que la CABA tiene que tener su propia justicia pero los jueces nacionales no pueden pasar a ser jueces de ciudad porque si la justicia de la CABA es intervenida por la justicia federal, esos jueces pueden ser removidos afectándose así la inamovilidad sostenida por nuestra constitución.
En el caso de los ministerios públicos es peor, dado que el art 120 de la Carta Magna habla de la independencia con autonomía funcional y autarquía financiera, es decir, el 4to poder (mal que les pese a los periodistas), en cambio el Ministerio Público de la Ciudad depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, lo que hace que sea claramente inconstitucional porque perderíamos la independencia. Creo que esta reforma es justamente para eso, para que el Ministerio Público Fiscal pueda ser manejado y se evite que los fiscales investiguen libremente.
Los argumentos para este cambio es que mejora el funcionamiento de la justicia, ¿qué hace falta para mejorar la justicia, más allá de este intento?
Para mejorar la justicia es necesario que se ponga en práctica el nuevo código procesal penal acusatorio que fue sancionado en 2014 y que tenía que entrar en vigencia el 1ro de marzo de 2016. El Ministerio Público Fiscal se capacitó para llevar adelante un sistema acusatorio, dejar de lado el expediente que es lo que atrasa las resoluciones de la justicia y agilizar a través de un proceso oral, público, inmediato y contradictorio.
Esta propuesta del Ejecutivo puede desguazar la justicia nacional porque van a poder sacar del camino a los jueces/fiscales que les moleste o no actúen como ellos esperan.
¿Existe la posibilidad de afectar la independencia de la Procuración al disponer traslados de fiscales y nuevos nombramientos?
La idea de sacar inconstitucionalmente a los fiscales de la órbita de la Procuración General de la Nación y traspasarlos a la ciudad es violatorio del art. 120 de la Constitución y es justamente para evitar que investiguen y sean independientes. Hoy la Procuradora solo puede dar directivas generales, en cambio en la ciudad se puede manejar el fiscal que va a llevar una investigación, cambiarlo por otro y puede recibir órdenes de qué y cómo llevar adelante un hecho.
Cambiando de tema, ¿que opinión tiene sobre el tema de las escuchas a la ex presidenta?
Creo que escuchar a Parrilli fue la excusa para llegar a la ex presidenta y poder tener material para cada vez que al gobierno le sale mal alguna de las decisiones políticas que toma. Por ejemplo, Arribas tenía que ir a explicar los dólares que le transfirieron y saltó esta escucha. Creo que van a salir más escuchas, porque las tienen preparadas para cada ocasión.
Estabas a cargo de esa tarea institucional hasta que paso a la órbita de la Corte, ¿Cómo funciona el sistema ahora?
Durante el tiempo en que las escuchas (Dicom) estuvieron a cargo del Ministerio Público y fui responsable de esa área, no hubo ninguna filtración, se bajaron los tiempos de conexión, fue el único período de las historia de las escuchas donde se hicieron estadísticas, se transparentaron los procesos, fueron invitados a conocer como se trabajaba a jueces, fiscales, organismo de DDHH, periodistas de todos los medios, incluidos La Naciòn y Clarin que fueron críticos del cambio.
Creo que ahora nuevamente en el tema de las escuchas se repite la promiscuidad entre el poder judicial, el poder político y los servicios de inteligencia, que vuelven a tener un presupuesto secreto, es un gran retroceso. Volvimos a la antigua SIDE.
La Agencia Federal de Inteligencia (la AFI de Parrilli) pudo limpiar resabios muy negativos de la SIDE y el DICOM también limpió resabio de la OJOTA (el anterior sistema de escuchas).
Esto volvió con este gobierno, donde una de sus primeras medidas fue dictar un DNU, inconstitucional, para sacarle las escuchas a la Procuración y dárselas a la Corte.
¿Vos crees que las escuchas ilegales se van a institucionalizar?
Estamos volviendo a la misma lógica que usó el Presidente cuando era jefe de gobierno de la ciudad por lo que fue procesado y así llegó al poder. Si bien lo sobreseyeron, el resto de sus compinches, 19 en total, van a juicio oral este año.
Antes las escuchas ilegales se hacían con jueces de Misiones y el Fino Palacios, Ciro James y compañía. Así lo escucharon a Burnstein y al ex cuñado del presidente. Ahora lo hacen con Comodoro Py, con el aval de la Corte y con Arribas, el responsable de la SIDE, en este caso para escuchar ilegalmente a Cristina Fernandez.
Me gustaría agregar que el derecho a la intimidad está protegido por la Constitución Nacional, por eso sólo el juez pude disponer una escucha (la excepción es en caso de secuestro extorsivo, donde el fiscal la puede pedir por la urgencia y el riesgo de vida pero al día siguiente el juez la tiene que avalar).
En este caso, se destinan recursos humanos y económicos a perseguir a un ex funcionario y a través de él a una ex presidenta.
Pérez Corradi fue detenido el 19 de junio, sin embargo las escuchas a Parrili justificadas por este caso, duran hasta septiembre. Esos recursos mal utilizados deberían servir para perseguir al delito complejo: narcotraficantes, evasores, tratantes de personas y no para escuchar conversaciones privadas que nada hacen a la causa que supuestamente se estaba investigando (Pérez Corradi).
Con la inseguridad que padecemos, es una contradicción que en lugar de gastar en perseguir al delito se utilice en escuchar a ex funcionarios.
Lo grave de la filtración es que no se ha cumplido con la cadena de custodia requerida para las escuchas, que además, no tenían que ver con lo que se estaba investigando, por lo tanto, no tenían que estar «subidas» a la causa, y eso demuestra la mala fe y la persecución y espionaje político al que estamos expuestos todos.
