La historia de las tierras del Parque Tres de Febrero echan por tierra las pretensiones de la Sociedad Rural de querer quedarse con esas tierras. El decreto presidencial que anula la venta hace que la propiedad vuelva a ser de dominio público como siempre lo fue.
El predio donde la Sociedad Rural Argentina realiza su histórica y exitosa exposición rural anual es nuevamente objeto de la mirada de todo el país y de los porteños en particular, esta vez, no por la expectativa de ver la actividad del campo y sus maravillosos animales, sino por el decreto presidencial dictado en diciembre de 2012, que anula la venta de esas tierras, que son de dominio público, por parte del ex presidente Menem a esta entidad agropecuaria, operación rodeada de ilegalidad y favoritismo político.
Sobre este tema, el flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere sucesor de Hugo Biolcati, se opone terminantemente a que el predio vuelva a su status histórico y formuló declaraciones que no se ajustan a la verdad, por ejemplo, aseguró que “el decreto presidencial anulando la venta de la Rural es una aberración jurídica, el precio se definió por el valor de mercado, debido a las serias limitaciones al dominio que tiene el predio, ya que allí no se puede hacer cualquier cosa. También se tuvo en cuenta la calidad del comprador, porque nosotros éramos los únicos que podíamos hacer la exposición ganadera”.
Lamentablemente su potente discurso se contradice con la forma en que la entidad que representa adquirió a precio vil ese predio, del que aun, a 20 años de esta compra corrupta en 30 millones de dólares, de tierras que fueron tasadas en 943 millones de esa moneda, la entidad debe aun 23,5 millones de dólares. A continuación contamos esta increíble historia de favoritismo político e impunidad, recorriendo la historia de esas tierras públicas.
Rosas, el Estado Nacional, la Sociedad Rural
El Predio Ferial de Palermo, más conocido como La Rural tiene una extensión de 12 hectáreas que la asociación comandada ahora por Luis Miguel Etchevehere, compró a precio vil por 30 millones de dólares en la época del ex presidente Menem, cuando las tierras estaban valuadas en 943 millones de esa moneda. La denuncia de este negociado, antes del decreto presidencial anulando esta compra, se estaba investigando en una megacausa en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, con 70 imputados y varios procesados, entre ellos, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Es importante recordar la historia de estas tierras para ubicarnos en la correcta comprensión de este tema.
Este predio perteneció al Estado a partir de la confiscación de las propiedades de Juan Manuel de Rosas y fueron el origen del Parque 3 de Febrero a partir de la aprobación de la Ley Nacional Nº 658 dictada el 25 de junio de 1874. A esas tierras confiscadas se les dio su carácter de bien de dominio público.
Como parte integrante del Parque 3 de Febrero, el 4 de noviembre de 1875 una parte de esos terrenos fueron entregados temporariamente a la Sociedad Rural Argentina por 20 años a título gratuito, por la Comisión Auxiliar del Parque Tres de Febrero.
Según el artículo 1º del contrato de cesión temporaria celebrado en esa fecha: “La Comisión Auxiliar del Parque 3 de Febrero cede á la Sociedad Rural Argentina el derecho a ocupar una área de terreno del Parque 3 de Febrero para celebrar exposiciones y ferias”. Luego se realizaron prórrogas de esa concesión en forma constante por leyes del Congreso Nacional o Decretos-Ley dictados por gobiernos de facto durante casi cien años.
En ellas siempre se hace referencia al predio como “… situado en el parque de Palermo”.
La venta que no debió ser
Durante la presidencia de Menem el estado y sus pertenencias, empresas, tierras, edificios, barcos, etc, fue rematado sin la mínima consideración.
Por esta tendencia que impulsaban los grandes grupos económicos que se beneficiaron con el desguace estatal, el 9 de noviembre de 1990 el Ministerio de Economía de la Nación realiza una tasación estimada del predio de La Rural y le fija un valor de u$s 943 millones (Exp. Nº 200706/90 ex MOSP). A pesar de esta cotización oficial, en 1998, Menem le vende el predio a través de un decreto, a La Sociedad Rural en u$s 30 millones, a pesar de ser tierras públicas y sin tener en cuenta la valuación fijada por ley. Aun así, el boleto de compraventa y el Decreto que aprueba la venta, hablan de “cumplir con los fines estatutarios” de la Sociedad Rural y de destinar el predio, que para el Código de Planeamiento Urbano es Distrito Urbanización Parque, “…a la realización de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, como así también para efectuar exposiciones y ferias vinculadas con distintas actividades”.
La justicia da la razón a los
denunciantes
Aun con todas estas cláusulas de uso especifico, el Gobierno de la Ciudad en distintas administraciones, autorizó obras en 1997/98, violatorias del Código, ya que su zonificación impedía realizar nuevas construcciones o modificaciones en un edificio de carácter histórico.
Ya en el año 1998, a poco de realizarse la venta ilegal, las obras que se desarrollaban son cuestionadas por organizaciones no gubernamentales de la Ciudad.
La venta, aparte de su precio vil, es considerada fraudulenta por los denunciantes al no haber sido desafectado el predio del dominio público por ley nacional.
Los reclamos son aceptados por la justicia y se paralizan las obras a través de la acción de las entidades vecinales.
En julio de 2001, diputados de la Ciudad presentan un nuevo proyecto de desarrollo comercial del predio (querían instalar 11 cines y locales de baile) que fue retirado y archivado debido a la acción de los vecinos y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 33, interviniente en la causa. Sin embargo, en julio de 2004, el Gobierno de la Ciudad firma una Disposición por parte de la Dirección Gral. De Planeamiento Interpretativo que autorizaba la obra actuando nuevamente contra lo dispuesto en el Código de Planeamiento.
El 21 de julio 2004, en base a esa autorización ilegal, el entonces Jefe de Gobierno Ibarra firma un convenio con la Sociedad Rural y Ogden Rural SA (propiedad de De Narváez hasta poco antes del decreto presidencial) autorizando las mismas obras que fueron desechadas por las denuncias vecinales.
Ocho legisladores se presentaron en ese momento ante la Justicia y un fallo ejemplar impidió la ejecución de las obras (ver recuadro).
Paralelamente, la justicia penal solicito el llamado a prestar declaración indagatoria al funcionario responsable, Arq. Ignacio Lopatín.
2007: como si nada hubiera ocurrido
En agosto de 2007, el poder ejecutivo de la ciudad presenta ante la Legislatura un proyecto de ley que propone nuevamente las mismas obras que en 2004: construcción de un estadio para 12.000 personas y además, usos comerciales inéditos (“boite, café concert, casa de fiestas privadas”) a desarrollarse en los pabellones históricos catalogados como Monumento Histórico Nacional.
Afortunadamente, en noviembre de 2007 la justicia determina se investigue judicialmente la actuación del Jefe de Gobierno Jorge Telerman y al resto de los funcionarios subordinados “a modo de gestores de intereses de los titulares y explotadores ilegales del predio en cuestión, todo ello en fraude a los derechos e intereses confiados a su administración”.
También aclara que “el reproche” está dirigido “contra los legisladores que han adherido con inusitada rapidez en el parlamento local y contra los responsables de los entes titulares, explotadores y usufructuarios del terreno que han participado en los trámites”.
Los vecinos impiden nuevamente legalizar la estafa
Los vecinos denunciantes piden el archivo de un nuevo expediente legislativo que pretende rezonificar los terrenos de La Rural (para dar marco legal a las obras) por los siguientes motivos: la existencia de cuatro causas penales (operación de compraventa fraudulenta del predio / violación dolosa del Código de Planeamiento Urbano en las obras ya construidas / préstamo irregular del Banco Provincia y falsificación de firmas de ocho diputados de la ciudad) que se tramitaban en juzgados federales y de Instrucción -con el consiguiente llamado a prestar declaración indagatoria a más de setenta personas- más una investigación en curso a cargo de un Juzgado de Instrucción, más la existencia de otras causas civiles en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Además, piden la nulidad de los proyectos comerciales, porque que no se ha cumplido con el artículo 61 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la obligatoriedad de llamar a Audiencia Pública: “antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificación de uso o dominio de bienes públicos” y porque la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, sólo se ha expedido en cuanto a la posibilidad de catalogar los inmuebles calificados como Monumento Histórico Nacional, no sobre la modificación de uso propuesta.
Por otro lado, no hubo aplicación de la Ley Nº 1227, que considera incluidos en el Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “a todos aquellos bienes culturales declarados o que declarare la Comisión Nacional de Monumento y Lugares Históricos (Ley Nacional Nº 12.665) y la Comisión no ha emitido opinión con respecto a los nuevos usos propuestos a los pabellones históricos de la Sociedad Rural (“entre ellos, boite, café concert, casa de fiestas privadas”).
Estos bienes siguen siendo protegidos por el Decreto Nº 1.110/97 que declaró Monumento Histórico Nacional a “la Pista Central, con sus tribunas y los Pabellones de Equinos, el Salón de Ventas y la verja perimetral con el portón sobre la Avenida Sarmiento, el Restaurante Central y el Pabellón Frers”.
Los discursos y los negocios de la Sociedad Rural
La intencionalidad de uso comercial del predio contradice los discursos moralistas. En los planes de uso de estas tierras públicas se conocen y fueron denunciados: la construcción de un gigantesco shopping de tres pisos, con 18 cines, bares y restaurantes, jugueterías, librerías, negocios de música, un teatro para 2500 personas, centros de entretenimientos y deportes, salón de baile, museo, un parque de diversiones cubierto, juegos láser, mecánicos y simuladores, un estadio deportivo con capacidad para 7000 espectadores.
Estas obras pretendían erigirse en el predio rural luego de conseguir la venta de las 12 hectáreas por apenas 30 millones de dólares, en largas cuotas impagas.
La Sociedad Rural es una asociación sin fines de lucro, pero diseñó la creación de una sociedad comercial sin otro fin que el lucro.
La escritura de dominio de esas inmensas y costosas tierras se firmó el 27 de mayo de 1992, con el capital mínimo permitido de 12.000 pesos.
La confusión entre el interés social y el privado es completa.
El decreto presidencial que anula esta venta fraudulenta pone en la discusión pública la intencionalidad de la Sociedad Rural que pretendió desde esa compra a precio vil, una mega explotación comercial completamente ajena a sus fines estatutarios y a la normativa que protege el predio como patrimonio histórico, intentado violar toda clase de normativa vigente. Aún así, el presidente Etchevehere insiste con argumentos contradictorios en sus declaraciones al rechazar la medida presidencial de anular esta venta y expone en forma continuada un discurso moralista, ètico, diciendo que hay que respetar la ley, apela al cumplimiento de las normas constitucionales y afirma que hay que acabar con los políticos corruptos que benefician a sus amigos.
No aclara en sus declaraciones públicas que opina así, salvo en los casos que esos políticos los beneficien a ellos y que sean ellos los que no cumplen con las normas.
Por Gerardo Schiopetto y Osvaldo Guerrica Echevarria,
Asociación Amigos del Lago de Palermo, para El Adán de Buenosayres.
