Una empresa demanda a los vecinos de la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza, quienes tras cinco años de lucha, lograron salvar de su demolición el histórico inmueble que nació en 1921 en la avenida Caseros 2826, en Parque Patricios y fue un baluarte de la cultura popular de todo el barrio.
La empresa reclama 400 mil pesos por los daños y perjuicios que le habría causado el amparo presentado por los vecinos pero hubo un acuerdo de partes que homologó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), en el que la empresa se comprometió a cumplir con las normativas vigentes, que determinan que el valor patrimonial y cultural del inmueble.
El abogado Jonatan Baldiviezo que representa a los vecinos en el pleito judicial, declaró que “como en otros casos, buscan amedrentar y castigar a quienes a través de la justicia ejercen su derecho a defender los bienes comunes”.
La jugada judicial contra los vecinos fue enviando una carta documento para una mediación donde la empresa presentó su reclamo y al no haber acuerdo de partes, quedó habilitada la demanda contra la ONG que desde el 2013 busca rescatar el inmueble como centro cultural para el barrio
El predio en 2013 iba a ser demolido para construir un edificio de más de 30 metros de altura para oficinas pero el Código Urbanístico exige que en caso de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio debe construir en el nuevo edificio una sala de características semejantes a la demolida, respetando el 90 por ciento de la capacidad de la vieja sala.
El 16 de enero de 2017, la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) le informó a la empresa que el proyecto no se adecuaba a la ley y el Consejo de Plan Urbano Ambiental declaro que el proyecto no cumplía con la cantidad de butacas que exige la ley porque se haria una sala de 140 espectadores, cuando debería haber 1260 butacas. También la superficie original de 1.114,40 metros cuadrados se reducía a 208,30 metros cuadrados.
Según Baldiviezo, el abogado de los vecinos: “lo que vemos es una exacerbación del castigo para ciudadanos que defienden los bienes comunes de la ciudad”.
