Grave advertencia sobre el radar extranjero ya instalado en Tierra del Fuego

8 de octubre de 2026

El radar de LeoLabs, de matriz estadounidense y con participación societaria británica e irlandesa , montado en Tolhuin , fue presentado como una instalación para monitorear satélites y basura espacial. PERO esa finalidad declarada no descarta posibles capacidades de uso militar, que deben investigarse.

Continúa instalado pese a la cancelación de su autorización y las advertencias del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.

El informe de Defensa de 2023 lo describió como un radar primario en banda S, que detecta objetos por sus ecos sin requerir una respuesta del blanco, y con apuntamiento electrónico por fases, que permite orientar el haz dentro de su cobertura.

Desde COMSEC LAB de la UTN, a mi cargo, calculamos unos 540 km de alcance teórico para un blanco con una sección radar equivalente de 2 m², utilizada como referencia de un avión de combate pequeño.

Escalamos el resultado de 806 km para un blanco de 10 m² publicado en aquel informe:

R₂ = R₁ × (σ₂/σ₁)^(1/4)
R₂ = 806 × (2/10)^(1/4) ≈ 539 km

La estimación conserva los supuestos del informe, cuya evaluación fue cuestionada posteriormente. No demuestra cobertura circular ni detección de cualquier aeronave: el horizonte, el relieve, la altura del blanco y la configuración del radar condicionan su alcance efectivo.

Si estuviera activo, pudiera detectar aeronaves y sus datos fueran accesibles a la inteligencia militar británica, podría aportar información sobre movimientos aéreos argentinos en un hipotético conflicto.

LA JUSTICIA FEDERAL Y AL MINISTERIO DE DEFENSA QUE, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, DEBEN DISPONER SU DESMANTELAMIENTO PREVENTIVO INMEDIATO, preservando equipos, software y registros para las pericias posteriores que determinen sus capacidades y fundamenten la decisión sobre su desmantelamiento definitivo.

El Congreso debe respaldar a la Comisión Investigadora de Tierra del Fuego. La finalidad declarada de monitorear basura espacial no reemplaza el control estatal sobre las capacidades y el destino de los datos.

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