27 de abril de 2026
Un fuerte operativo de madrugada en el barrio porteño de Villa General Mitre desató una jornada de máxima tensión tras el intento de desalojo de más de 40 familias que viven en la zona de San Blas y Andrés Lamas.
El procedimiento se inició alrededor de las 5 de la mañana, cuando efectivos policiales llegaron al lugar y ordenaron a las familias abandonar sus viviendas por un supuesto riesgo de derrumbe.
En el lugar vivían más de 150 personas, entre niños, adultos mayores y personas con problemas de salud o discapacidad que habitaban el lugar desde hace más de 40 años.
Hubo presencia de legisladores porteños y comuneros que acompañaban a las familias, quienes exigían frenar el procedimiento.
Los hechos
El jueves 24 de abril al amanecer, cerca de las seis, comenzó el operativo de la Policía de la Ciudad rodeando el predio ubicado en la esquina de San Blas y Andrés Lamas, barrio Villa Gral. Mitre donde vivían más de cien personas que fueron desalojadas con cuatro detenidos por resistencia a la autoridad que ya están liberados.
Según fuentes oficiales, la medida contaba con autorización judicial debido a un presunto peligro estructural en las viviendas que nunca se comprobó y una autorización de la Fiscalía que se envió por teléfono justificando el accionar policial.
Ya concretado el desalojo a la fuerza y con la resistencia de los ocupantes, llego la Guardia de Auxilio y clausuró el edificio y la Red de Atención porteña comenzó a censar a los desalojados para gestionar asistencia social y posibles soluciones habitacionales transitorias.
Fuentes de seguridad afirmaron que entre los ocupantes había personas con antecedentes, imputaciones y sumarios judiciales, que no justifica tamaño desalojo.
La solución es catastrófica para los vecinos que no tienen donde ir: les ofrecieron $150.000 para alquilar alguna habitación de hotel o alguna casa. Una actitud miserable de parte del gobierno porteño, ya que entre los desalojados hay muchísimos niños y personas con discapacidad. La diputada porteña Delfina Velázquez, legisladores y referentes sociales se acercaron al lugar para reclamar soluciones habitacionales.
El origen del conflicto
Según información oficial, el conflicto se remonta a 1998, cuando la propietaria original dejó el inmueble a cargo de una empleada. Años más tarde, al regresar, la dueña encontró que varias familias más vivían en el predio. Desde entonces se desató una puja legal.
En 2009, la Justicia dictó sentencia firme de desalojo. Sin embargo, los ocupantes —que según el Gobierno se atribuían la condición de dueños y llegaron a tratar de inquilina a la verdadera propietaria— impidieron durante años las inspecciones judiciales.
El desalojo de concreto con un violento ingreso de los efectivos policiales que tiraron gas pimienta y detuvieron a los que se oponían al desalojo, mientras se confirmaba el peligro de derrumbe sin intervención de partes independientes del gobierno.
El predio, ubicado entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, quedó bajo custodia policial y clausurado, mientras el conflicto de fondo es la falta de viviendas y la falta de planes de viviendas para sectores económicamente débiles, a los que se trata con un desprecio institucional realmente llamativo.
