Denuncia

Guillermo Montenegro a cargo del Ministerio de Seguridad de la ciudad contrata desde 2010 a la agencia de Alejandra Rafuls, madrina de uno de sus hijos. Según los cuestionamientos, los pagos de la Ciudad a la consultora se cuadruplicaron en los últimos años y hay un pedido de informes en la Legislatura.
El ministro usa la contratación directa o una licitación a medida de los servicios de AR y Asociados, una consultora cuya presidenta es madrina de uno de sus hijos, Alejandra Beatriz Rafuls que es especialista en blindajes mediáticos.
Las contrataciones directas de la empresa que fundó Rafuls en diciembre de 1997 se hicieron invocando el decreto 752 de 2010,
Ocho veces, el Ministerio de Justicia y Seguridad apeló al decreto 752 para abonarle a AR y Asociados montos que iban desde los 45 mil a 120 mil pesos mensuales. Los sucesivos pagos constan en los boletines oficiales de la ciudad 3561, 3576, 3602, 3621, 3648, 3671, 3706 y 3736 entre octubre de 2010 y agosto de 2011. Pero fue por una licitación Proyecto Sur en la Legislatura denuncio presuntas irregularidades.
El 3 de marzo de 2011, por la resolución Nº 53 de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, se dispuso aprobar “el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Consultoría y Asesoramiento en Materia de Comunicación Institucional para la Policía Metropolitana por el plazo de seis (6) meses, por un monto total de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000)”.
Una resolución posterior, la 60/2011, modificó los plazos de contratación y cuadruplicó el monto inicial de 360 mil pesos a 1.440.000. El período de vigencia se extendió a dos años, o sea que vence el 13 de mayo próximo. También se incorporó a la norma la posibilidad de una única prórroga por doce meses hasta mayo de 2014. AR y Asociados fue la única oferente, según consta en el acta de apertura de propuestas y mediante un dictamen del 18 de mayo de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la contratación de la consultora de Rafuls “por conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la ley 2095 y su reglamentación”. Bajo esas condiciones sigue hasta hoy.
Como la cifra superaba el millón de pesos, el ministro Montenegro estaba obligado a publicar más días el llamado a licitación. Además, debió notificar a la sindicatura de la Ciudad para que evaluase si consideraba necesario controlar el mecanismo de adjudicación. Nunca lo hizo. Todo este proceso de la licitación que ganó sin competencia AR y Asociados motivó un pedido de informes del diputado Julio Raffo, de Proyecto Sur, el 13 de diciembre del año pasado. Hasta hoy tampoco fue respondido. Acompañaron la iniciativa su compañero de bloque Rafael Gentili, María Rachid (Frente para la Victoria), Alejandro Bodart (MST) y Delia Bisutti (Nuevo Encuentro).
AR y Asociados ha crecido mucho desde el ‘97, cuando se constituyó como “agencia de noticias y servicios de información”. Hoy ofrece desde su página www.aryasociados.com.ar un “equipo interdisciplinario para la prevención y la actuación en crisis comunicacional 24/365”, “el diseño de estrategias de exposición mediática y generación de mensajes” y una “gestión de prensa y relaciones con los medios”, entre otros servicios.