Por Ricardo Guaglianone
Pocos saben que las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una importancia jurídica e institucional igual al rango que la Carta Magna le otorga a la Legislatura y al Poder Ejecutivo.
En el Capítulo Sexto de la Constitución, se reconocen a las comunas como gobiernos autónomos que gozan de facultades exclusivas y concurrentes con el gobierno central. Para funcionar correctamente, deberían tener asignado un presupuesto por ley para descentralizar el poder y el uso de los recursos públicos.
Esta idea de impulsar la plena participación ciudadana en los asuntos públicos y descentralizar el poder, se plasmó en la reforma constitucional de 1994.
Tan es así, que el tema Comunas y Presupuesto Participativo, traspasa todo el texto constitucional, por esta razón, consideramos una obra de arte de los políticos de todos los bloques legislativos, haber borrado de la consideración ciudadana esta importantísima instancia de participación de la sociedad civil: unos, los que gobiernan, no cumpliendo con el mandato de la constitución y otros (los legisladores) invisibilizando este tema, de suma importancia.
Democracia representativa vs participativa
La realidad política en la ciudad es que la sociedad civil no tiene incidencia en las decisiones de desarrollo urbano y mucho menos, en la asignación de recursos, una posibilidad que seria factible si se hubieran desarrollado con mayores atribuciones las comunas en la ciudad.
El problema es que los legisladores de todos los partidos sin excepción, confunden y tergiversan –por ignorancia o por conveniencia—el carácter participativo del régimen político.
La democracia en la ciudad no es una democracia representativa, la constitución porteña define a la democracia como participativa,por lo tanto, los legisladores y el ejecutivo deben cumplir este mandato, reconociendo a los gobiernos comunales, ampliando sus facultades exclusivas y asignando mayores partidas presupuestarias, mientras que los Consejos Consultivos de Vecinos, deberían definir las prioridades en cada barrio de cada comuna, que ahora solo sirven para hacer algunos trámites burocráticos.
La situación actual (1)
La única instancia de incidencia ciudadana que existe en decisiones que pueden afectar al medio ambiente o a la vida cotidiana de la gente, es la Audiencia Publica, una instancia constitucional obligatoria, pero no vinculante.
Allí los vecinos pueden expresar sus reparos por algún proyecto polémico o proponer alternativas ante las propuestas del poder político, que es, finalmente, el que decide si tiene en cuenta o no esa opinión.
La otra instancia de participación legal es la Iniciativa Popular, pero su implementación es imposible ya que se requiere el aval del 15% del electorado porteño (imposible de alcanzar para mortales comunes) para que se tenga en cuenta una iniciativa ciudadana para tratamiento obligatorio en la Legislatura.
Por lo tanto, una participación plena de los vecinospodría darse en las comunas, donde la Junta Comunal de siete miembros es la encargada de conducir y decidir los asuntos públicos que deciden los vecinos. Sin embargo, nunca hubo información masiva a la población ni se realizó un trabajo personalizado con las instituciones intermedias para sumarlas al proceso participativo.
La situación actual (2)
Actualmente, estamos muy lejos de los ambiciosos objetivos constitucionales planteados en la Reforma de 1994.
Las facultades exclusivas de las comunas en la ley que las habilito son mínimas, (calles laterales y espacios verdes) y no son respetadas por el poder central. La posibilidad de desburocratizar y descentralizar en serio la gestión en la ciudad para beneficio del ciudadano, (el destinatario de los bienes y servicios), no existe.
Otro de los temas que quedo en el olvido, es la posibilidad del saneamiento de las cuentas del sector público orientadas a evitar el derroche, la malversación o el uso del dinero público para sostener estructuras partidarias empleando a militantes o allegados en puestos de responsabilidad gubernamental o destinar dinero a obras innecesarias, como renovar el asfalto de una calle dos o tres veces en un par de años o pagar fortunas por las bicisendas o por hacer una vereda.
Reiteramos: en la ciudad la democracia es participativa no representativa, por lo tanto, los que deben decidir las políticas públicas son los ciudadanos.
Un ejemplo del despropósito legislativo: los dos últimos años, se estuvo discutiendo la Reforma del Código de Planeamiento Urbano que afectara profundamente la vida en la ciudad en todos los barrios porteños, sin embargo, los Consejos Consultivos de Comunas y las Juntas Comunales no tuvieron ni voz, ni voto y no fueron consultados para saber que opinaban de los cambios que afectaran fuertemente a las barriadas.
En comunas como las de Barcelona o los Cantones Suizos, la incidencia de los ciudadanos es vital. Son Gobiernos Multifunción, porque se ocupan no solo de las cuestiones locales con abultados presupuestos asignados por ley, también participan activamente de la definición de políticas públicas nacionales y de la Eurozona.
Estamos muy lejos de ese nivel, a pesar que las comunas porteñas tienen la misma importancia jurídica que la Legislatura y que el Ejecutivo de la ciudad.
La única instancia para reflotar esa hermosa idea expresada en la Constitución es que el poder político le de atribuciones más extendidas a las comunas, un presupuesto asignado por ley y habilite la discusión de que ciudad queremos y que barrio queremos entre todos.
Lo demás es todo verso. O una simple conveniencia de gente venidos en “dirigentes”, que no respetan la constitución y por ende, al pueblo de la ciudad.
