Comunas en la ciudad: cómo es no cumplir con la letra constitucional y cómo se degradan sus objetivos primarios
Nadie, o pocos saben, que las comunas en la ciudad tienen, en la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una importancia jurídica e institucional que se equipará a la importancia que la carta magna le da a la propia Legislatura porteña. El tema de comunas traspasa todo el texto constitucional, desde que tiene un capitulo exclusivo, donde se ordena su puesta en funcionamiento, hasta como se implementa a través del presupuesto participativo. Por eso consideramos una obra de arte de los políticos y de la gran prensa, haber borrado de la consideración ciudadana, esta importantísima instancia de participación de la sociedad civil, unos no cumpliendo con el mandato de la constitución porteña, los otros (los medios de cualquier color político) invisibilizando este tema.
Un gran logro de la clase política en la ciudad
Una de los mayores desvelos y logros de la clase política porteña en estos años, luego de la crisis del 2001, fue que la gente de la ciudad no participe políticamente ni tenga incidencia real en las discusiones acerca de los problemas de la vida ciudadana y mucho menos, que tenga poder en la asignación de recursos, una posibilidad que seria factible en algún grado, si se hubieran desarrollado correctamente las comunas en la ciudad.
Anulada de facto esta posibilidad de participación ciudadana, la única instancia de incidencia que existe cuando se desarrollan proyectos de envergadura que pueden afectar al medio ambiente o a la vida cotidiana de la gente, es la Audiencia Publica, una instancia constitucional obligatoria para el gobierno porteño, pero no vinculante. Allí los vecinos pueden expresar sus reparos por algún proyecto polémico o proponer alternativas ante las propuestas del poder político, que es finalmente quien decide si tiene en cuenta esa opinión o no. En general, para ser directos, los ciudadanos no se enteran de estas audiencias y en la mayoría de los casos, los oradores son funcionarios del mismo gobierno que apoyan el proyecto a discutir. Además de esta puesta en escena falaz, que se repite una y otra vez, las audiencias apenas son, en la práctica, un trámite formal para continuar con los planes trazados por los funcionarios y acentuar, en la mayoría de los casos, la indiferencia hacia las opiniones divergentes. La otra instancia de participación legal es la Iniciativa Popular, pero su implementación es prácticamente imposible por la cantidad de requisitos requeridos. La iniciativa popular es cuando los ciudadanos quieren que se trate en la Legislatura algún proyecto comunitario, pero la cantidad de apoyo requerido es casi inalcanzable, ya que se requieren el aval del 15% del electorado porteño para que se tenga en cuenta su tratamiento obligatorio, sino es simplemente tratado como una moción más, aunque tenga un aval ciudadano básico.
Las comunas tienen gobiernos autónomos
Una de las reformas políticas que permitirían cierto grado de participación más plena, es la de comunas con gobiernos autónomos, que ya tiene electa una junta comunal de siete miembros que deben conducir el actual proceso de ampliación de la participación civil en los asuntos públicos. Sin embargo, no hay información masiva a la población ni se realiza un trabajo personalizado con las instituciones intermedias para sumarlas, mientras que los partidos políticos con sus militantes buscan posicionarse dejando de lado las aspiraciones de mayor apertura hacia los vecinos, que fue originalmente el impulso de esta idea de descentralizar el poder en la ciudad, es decir, hacer mas fuerte y más amplia la participación de la sociedad civil y de las entidades vecinales de carácter intermedio. Este proceso de descentralización tuvo en sus fundamentos originales tres grandes perspectivas. Por un lado la posibilidad de la incorporación de nuevos actores sociales en la organización de las políticas sociales y en la utilización de una parte de los recursos económicos de la ciudad, a través de los concejos consultivos integrados por vecinos.
La posibilidad de desburocratizar la gestión
Un segundo enfoque más técnico contemplaba la posibilidad de desburocratizar la gestión para beneficio del ciudadano, que es el destinatario de los bienes y servicios en una comunidad.
Una tercera perspectiva tendría una arista más fiscalista acorde a las características de las experiencias de descentralización aplicadas en América Latina, es decir, el saneamiento de las cuentas del sector publico orientadas a evitar el derroche, la malversación o el uso del dinero público para sostener estructuras partidarias empleando a militantes o allegados en puestos de responsabilidad gubernamental. Teniendo en cuenta estos tres enfoques (nuevos actores sociales, desburocratizar la gestión y hacer mejor uso del dinero público) las comunas serían instancias democráticas de alto nivel, pero a los funcionarios no les interesa que los vecinos tengan más incidencia en las cuestiones públicas, por lo tanto, traban el pleno funcionamiento, por ejemplo, no asignando partidas presupuestarias para proyecto.
El decepcionante papel de los militantes partidarios
Un capítulo aparte son los militantes de los partidos políticos que se han manejado con una necedad muy llamativa en el tema comunas. Se creen los verdaderos protagonistas cuando centenares de vecinos autónomos e instituciones intermedias pelearon por que se instalaran las comunas. Los militantes tomaron el espacio como disputa partidaria y desplazaron a los vecinos e instituciones que ya no participan porque fueron avasallados en sus derechos.
Los partidos tienen el control del Concejo Consultivo Comunal, que es, esencialmente, el ámbito de expresión de los vecinos, y toman a las comunas como una instancia más para enfrentarse a opciones partidarias de distintos signos, sin tener objetivos mas dignos que la Ley de Comunas generosamente propone en su letra, que será muerta, si los vecinos se mantienen indiferentes y si los militantes partidarios siguen copando neciamente, los lugares de participación vecinal previstos en la ley.
