Por Adrián Ramírez
Se acabó el tiempo. La inacción del Congreso no es cosa de prudencia; es complicidad por omisión o negligencia. Si las leyes de entrega se consolidan y los recursos se extranjerizan, lo que está en juego es la Patria:
Hablemos claro del diagnóstico: el programa de Javier Milei no es y nunca ha sido el de un gobierno de transición económica; si no la intención institucionalizada de iniciar un proceso de desmantelamiento estructural y cesión de soberanía argentina, diseñado para ser físicamente irreversible.
Y no frenar esto hoy es condenar a las futuras generaciones, pero también a las de ahora, a nacer en un territorio expropiado gracias a un cómplice puesto dentro de las fronteras.
Alguien que, a la luz de las medidas entreguistas tomadas dentro y fuera del Congreso plantean la alternativa del juicio político como legítima defensa de la Nación:
1/ La trampa del calendario democrático
La teoría constitucional tiene un límite y asume que las instituciones sobreviven al paso del tiempo. Pero el tiempo, en manos del fundamentalismo de mercado, no es un vector cronológico, sino de demolición.
Si la entrega de recursos estratégicos se entrega bajo contratos de protección internacional y regímenes de excepción, el daño ya no se podrá revertir con una nueva ley o un cambio de gobierno.
El Estado quedará atado de manos frente a tribunales como el CIADI, pagando con el hambre y las necesidades múltiples de su pueblo las indemnizaciones de la entrega.
2/ La entrega física de la soberanía territorial
La derogación de la Ley de Tierras y la flexibilización de la protección de glaciares y bosques no son medidas desregulatorias; son la liquidación de las fronteras físicas de la Patria.
La adquisición de vastas áreas de seguridad nacional y fuentes de agua dulce por parte de corporaciones extranjeras configura una ocupación silenciosa y sin pólvora, pero una ocupación al fin.
A esto se suma el repliegue deliberado en la Cuestión Malvinas y la entrega fáctica del Atlántico Sur. Lo que más debería alarmar en este momento es que aquello que se entregue por ley de tierras hoy, no se recuperará mañana con discursos de soberanía.
3/ El cipayismo militarizado
La firma de decretos para el ingreso de tropas extranjeras sin la debida y previa autorización del Congreso (violando de forma flagrante el texto constitucional) ha sido un acto de sumisión colonial sin precedentes modernos, pero sobre todo el encubrimiento de una peligrosa entrega.
Una peligrosa entrega que fue mucho más que administrativa: expuso al país a conflictos geopolíticos ajenos, destruyendo la neutralidad histórica de la región y convirtiendo nuestro suelo en territorio de operaciones del Pentágono a espaldas de la representación popular.
4/ El vaciamiento del cerebro nacional
La soberanía, no obstante, no es solo un mapa; es también la capacidad de pensar y de producir cosas, servicios y conocimientos de forma independiente.
Desmantelar equipos de investigación en el CONICET, ahogar presupuestariamente a las universidades y paralizar proyectos estratégicos de la CNEA con asfixias financieras, también es parte del plan integral de entrega.
Algo tan «bien» hecho que reconstruir el entramado científico y tecnológico, tras una fuga de cerebros masiva semejante, no solo impone graves riesgos de irreversibilidad, sino que, en caso de ser reversible, tomará generaciones.
La historia indica que la destrucción del capital intelectual es un crimen de lesa patria que condena a los países a la reprimarización económica a una perpetuidad que acarrea en cada ciclo posterior nuevas vulnerabilidades y desgracias inevitables.
5/ La consolidación de la autocracia
La autocracia delegativa nacional, apoyada en el colonialismo tecnocrático de Israel y EEUU, es el verdadero fin de este experimento.
Si el Congreso permite que se legisle sistemáticamente por decreto y que se entreguen facultades extraordinarias, la república habrá muerto de facto.
Un paso adelante para esa suerte de monarquía patocrática de mercado con la que más de una vez ha soñado Milei en voz alta y en la que el Parlamento deviene —más o menos como ahora— solo un decorado costoso.
6/ La inacción democrática
No hay tiempo ni margen para confusiones: como dijimos al principio, la inacción de la oposición parlamentaria no es prudencia política; es complicidad por omisión o negligencia.
Quienes especulan con el desgaste del gobierno mientras se rifa el patrimonio nacional, la soberanía sobre los recursos y el poder científico del país, están legitimando el atropello y pavimentando el camino hacia la apatía social y la desilusión democrática.
7/ La Constitución Nacional no es un texto sagrado para contemplar con nostalgia mientras el país se desintegra en manos de la infamia; es una herramienta de autodefensa institucional cuya activación es efectiva siempre y cuando se produzca a tiempo.
Por eso, el juicio político no es una anomalía destituyente, es el mecanismo republicano de emergencia para detener a un poder ejecutivo que ha decidido gobernar contra la existencia de la Nación.
El límite del daño irreversible ya ha sido superado. De aquí en más, la especulación temporal es, lisa y llanamente, como su entrega, una rigurosa traición a la Patria
