El desalojo del asentamiento Papa Francisco desnudó la falta de políticas de vivienda en la ciudad
El desalojo de unas 700 familias de la efímera Villa Papa Francisco agitó los fantasmas del Indoamericano y dejó al descubierto la penetración del mercado inmobiliario en los barrios más humildes. La represión volvió a ser la respuesta tardía de un Estado sin propuestas integrales para el déficit de vivienda, que afecta en nuestra a ciudad a más de medio millón de personas.
“Era una oportunidad de tener una casa y a mis hijos todos juntos. Ahora tengo que pagar más de 2 mil pesos por una piecita. No quiero que me regalen nada. Si me dan un pedazo de tierra construyo mi casa.”
Al amparo de las fastidiosas ráfagas de viento y las bajas temperaturas, el testimonio de María refleja la historia de cientos de mujeres que, después de ser desalojadas, levantaron un acampe precario sobre el bulevar de la avenida Fernández de la Cruz a la altura de la calle Pola, en el barrio de Lugano.
Ella es una de las que prepara las verduras que condimentarán una enorme olla popular alrededor de la cual varios hombres cocinan algunos pedazos de carne. Un joven, mientras tanto, recolecta algunos mangos para comprar más carbón. Entre lo poco que cada uno puede poner y la ayuda que reciben de otros vecinos y organizaciones, esperan alguna respuesta.
No están todos juntos, sin embargo, dado que una valla custodiada por varios policías de la Metropolitana divide a los que quedaron encerrados en un perímetro lindero al predio desalojado y los que están afuera.
“Estábamos de ese lado antes pero no hay nada, no se puede ni ir al baño, no hay comida y si salimos no nos dejan volver a entrar. Pensamos quedarnos hasta cuando podamos. Hasta ahora no vino nadie, sólo los periodistas. Incluso al cura que nos estaba ayudando lo sacaron a golpes”, relata María.
El desalojo
El sábado 23 de agosto el flamante barrio amaneció turbio, rodeado de gendarmes y metropolitanos. “A eso de las 6 de la mañana nos avisan que hay allanamiento. Pero enseguida empezaron a desalojar con violencia. A una vecina la tiraron con un nene en brazos. Yo les pedí que se tranquilizaran, que yo salia, pero no les importó. De una patada tumbaron la puerta, mis hijas se asustaron. Salí con una nena y a la otra la encontré en la otra esquina”, recordó Judith.
“Nos sacaron peor que a los perros. Empezaron a echarles gases incluso a los chicos, no pudimos sacar todas nuestras cosas”, completó Gloria.
Igual que María, son vecinas y vecinos que habitaban alguna pieza de alquiler en la villa 20, que se extiende desde este mismo lugar hasta la avenida Eva Perón. Ahora no pueden volver ni siquiera a esos lugares, dicen, porque repentinamente les subieron el precio. “Volví al barrio donde alquilaba y me cobraban $ 1800. Ahora me piden 2.800 y no quieren que vaya con todos los chicos.”
Maria tiene siete hijos, que duermen en casa de una amiga adentro de la villa, con otras cinco familias desalojadas, mientras ella está literalmente en la calle. Nos cuenta que después de la irrupción de las fuerzas de seguridad no le quedó ropa para mandarlos al colegio, que a su marido le sacaron las herramientas de trabajo de albañilería. Además, que su madre es diabética y su padre, cuadripléjico.
Las opiniones son diversas
Detrás de la ocupación de este terreno en particular, además de la problemática del hábitat que se extiende en general en las grandes ciudades, un grupo de diputados nacionales puso en la mira a funcionarios del gobierno nacional y porteño. De acuerdo con la denuncia realizada por Elisa Carrió, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, que quedó radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría, se conformó una asociación ilícita para alentar la usurpación de los terrenos públicos, ayudar a la construcción de las viviendas y también para cobrar entre 8 mil y 25 mil pesos por cada parcela.
Tiempo atrás el fiscal general Martín Ocampo ya había imputado a dirigentes políticos y funcionarios, en función del asesinato de Fernando Soto, el día de la toma.
Facundo Roma es comunero del Frente para la Victoria en la Comuna 8. En diálogo con este medio subrayó que “lo que falta” en el trasfondo de este conflicto “es una definición política de parte del macrismo para solucionar el déficit de vivienda”. Recordó que la normativa vigente tiene nueve años y “ellos, en siete años de gestión, no movieron ni una pala”.
Virgilio Gregorini es director ejecutivo de Techo Argentina, una ONG que construye viviendas de emergencia para sectores marginados en 19 países de Latinoamérica y el Caribe nos comentó: “vinimos acá porque la comunidad nos llamó. Entendiendo que había un conflicto judicial no intervenimos directamente pero fuimos a las autoridades a decirles que estábamos a disposición para ser intermediarios antes del desalojo.”
El directivo nos informa que harán de auditores para que se avance en la urbanización del terreno, como dice la ley.
“Si la excusa era que la gente se fuera para poder hacerlo, los terrenos están a disposición y la ley debe cumplirse”.
Marina de la Corriente Villera Independiente reflexiona y apunta a un plan premeditado: “ fue un desalojo planificado en una macabra alianza pro-K, que consistió en liberar la zona durante un mes y generar sensación de inseguridad apoyados los medios masivos, dando lugar al asesinato de Melina”.
La corriente clasista mantiene cuatro demandas: un subsidio mayor a 1800 pesos para cada persona afectada; la validación de un censo de las personas que estaban en el predio y la incorporación de ese instrumento a los proyectos establecidos por la ley 1770; el resarcimiento por daños a durante el desalojo y la inclusión de los vecinos en las urbanizaciones que se deben crear en el marco de aquella norma.
