El gobierno dio el visto bueno y transformará la empresa argentina en una sociedad anónima y autoriza que especialistas estadounidenses comiencen a trabajar a partir de septiembre y se ponga en marcha la producción de proyectiles, municiones y armamento de menor cuantía para enviar municiones y otros pertrechos a Ucrania y otros lugares donde hay guerras.
Si bien la firma fue excluida de las empresas estatales a privatizar por la ley Bases el Gobierno de Milei, por un DNU transformó a todas las empresas estatales argentinas en sociedades anónimas.
La administración estadounidense, carente de municiones, por el conflicto bélico en Ucrania impulsa que empresas privadas, norteamericanas y en menos medida europeas, tomen el control de un sector de producción de la Fábrica Militar Río Tercero: el metalmecánico.
Además, Estados Unidos, busca quedarse con el control de algunas otras plantas que le permitan abastecer a Kiev como las fábricas militares en Villa María (Córdoba), Jáchal (San Juan), Fray Luis Beltrán (Santa Fe) y Azul (Buenos Aires).
A través de la mutación a sociedad anónima perpetrada un grupo extranjero se haría cargo del sector metalmecánico de Río Tercero, y luego avanzaría sobre el resto de las plantas. En junio hubo una inspección secreta del Departamento de Defensa de EEUU en FA, y la producción de armamento no sería para nuestras FFAA sino para la OTAN, lo cual significa no solo una entrega total de soberanía política y económica sino que el país entra directamente en una guerra donde no tiene nada que ver y las consecuencias pueden ser trágicas para la población argentina
La compañía convertida en una Sociedad Anónima, no como en una privatización total sino en una empresa con capitales mixtos activara la producción de pólvora, municiones y armamentos para guerras donde está involucrado Estados Unidos e Israel.
Por otra parte, la compañía estatal cerró el ciclo de retiros voluntarios y recorte de personal. Según autoridades de la compañía, a los ofrecimientos se acogieron unos 240 empleados de los más de 1400 a nivel nacional. La nueva estructura que plantea el Estado es una de menor coste y mayor competitividad.
