En medio de las distintas actividades que reclamaban por despidos y políticas de vaciamiento de los espacios de memoria y derechos humanos, como el Centro Cultural Haroldo Conti, la Justicia determinó garantizar el funcionamiento de cuatro excentros clandestinos de detención, que actualmente se encuentran habilitados al público para conocer los crímenes de la última dictadura cívico militar.
El fallo fue emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo del juez Ariel Lijo, quien dio lugar a una iniciativa judicial de la legisladora porteña Victoria Montenegro para garantizar la disponibilidad de trabajadores y la apertura de actividades en los excentros clandestinos que funcionaban en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
El magistrado entendió que la Secretaría de Derechos Humanos no se estaba ateniendo a la Ley N° 26691 de Sitios de Memoria que garantiza «la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país».
En su fallo, el juez Lijo insta al Gobierno a que «se lleven a cabo las tareas de mantenimiento conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesaria para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios», además de que se «preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas».
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó que el Gobierno vaya a cerrar el Espacio de Memoria de la exESMA, como denunció la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También desestimó las acusaciones de ATE sobre un desmantelamiento de las políticas públicas del área.
Otro episodio que generó un repudio masivo fue el anuncio del «cierre» del Centro Cultural Haroldo Conti. El mensaje fue enviado a los trabajadores por whatsapp el 31 de diciembre al mediodía.
En el mismo, hablaba de «una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante». Desde Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que busca su cierre definitivo.
En diálogo con este medio, Baños aseguró que, en realidad, se trata de un «cese» para realizar una reestructuración.
