Por Nicole Martin y Micaela Petrarca
Edgardo Castro hace 10 años que es Inspector de Trabajo del Gobierno de la Ciudad y sostiene que los manteros y los talleres clandestinos son una mafia muy bien organizada sostenida por un circuito de corrupción que integra el macrismo, la policía y los negocios de Av. Avellaneda.
El barrio de Flores está inundado de manteros que desbordan las veredas desparramándose por las calles con epicentro en la intersección de las Avenidas Nazca y Avellaneda. ¿Cuándo empezó a crecer esta movida mafiosa? ¿Por qué sigue creciendo sin ningún tipo de dificultad?
Edgardo Castro nos comenta que el desarrollo de los talleres clandestinos está íntimamente ligado a la aparición del PRO como fuerza política. El PRO logró con el voto de 610.898 ciudadanos, seis bancas de Diputados en el Congreso Nacional y 13 bancas en la Legislatura de la Ciudad. Mauricio Macri dos años más tarde ganó las elecciones para Jefe de Gobierno.
La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBE) junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) empezaron a monitorear el problema de la venta ilegal a partir del 2011 y se encontraron con números que aumentaban mes a mes: entre julio de dicho año y junio de 2012 la avenida Avellaneda pasó de 517 manteros a 1716, posicionándose cómo la principal zona afectada.
También fue un año de crecimiento para Macri, dado que el 24 de junio logró la reelección a Jefe de Gobierno con el 61% de los votos.
El año pasado, FECOBE Y CAME presentaron un nuevo informe sobre la venta ilegal. Avellaneda se posicionó en segundo lugar con el 24.5% del total manteros en la Ciudad, con 716 puestos más que en el 2013, llegando a 1450. Actualmente, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) volvió a ser la zona más afectada con una participación del 27.3%.
Pero no se trata de tierra de nadie: hay dueños y responsables que se entrelazan en un circuito íntimo de corrupción impenetrable que va desde los manteros hasta el Gobierno de la Ciudad. Castro conoce bien las reglas del juego, lo vivió desde el comienzo y desde adentro.
-¿Qué relación tienen los manteros con los talleres clandestinos?
Son su nexo con los locales. Para no despertar sospechas, traen y llevan prendas desde el taller al local. A la hora de una compra mayorista, la mitad del producto se puede obtener del depósito del local y la otra mitad del mantero de la puerta. Igualmente, algunos vendedores callejeros son parte de mafias independientes, como los que venden jugos y comida.
Pero en su mayoría, los manteros que venden en la puerta del negocio son socios del mismo. A la vuelta de la esquina se encuentran los talleres ilegales, manejados por coreanos, que están marcados con una etiqueta de una empresa de seguridad para su identificación.
-¿Cómo es el circuito de corrupción a la hora de proteger un taller?
Si yo como inspector, denuncio un taller, lo primero que hace el Subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor es fijarse si está en la lista de protegidos. Si no está, lo revienta.
Pero si está, le avisa y el taller no me abre la puerta. Como inspector tengo el mismo poder que la policía federal o metropolitana, pero si no me abren la puerta, no puedo entrar sin una orden de allanamiento. Me mandan una, dos, tres veces y a la cuarta duermen la denuncia.
A partir de esta situación fue que empecé a denunciar al gobierno a través de los medios. Yo soy la cara visible pero somos muchos los que estamos haciendo despelote hace cuatro años.
-¿Cómo pueden funcionar los talleres clandestinos con tanta libertad?
Porque es un sistema organizado gerencialmente por el Gobierno de la Ciudad. No se trata de coimas aisladas a un inspector o un funcionario, sino una estructura entera de coimas. La corrupción de este gobierno es la más desvergonzada de la historia.
El ministro de desarrollo económico, Francisco Cabrera maneja la relación con las grandes empresas (como Iron Montain). Ezequiel Sabor, Subsecretario de Trabajo, dirige la estructura en beneficio de la corona. Fernando Macchi, director general de Protección del Trabajo también está involucrado y después viene Fernando Cohen, quien es el gerente operativo de la inspección del gobierno porteño y hace los negocios por teléfono. Además de cuatro o cinco inspectores que hacen todo el trabajo sucio.
Cuando Sabor subió, fuimos con otros compañeros a darle la información de toda la porquería que había adentro de la secretaría, quien era quien y porque nos involucraban a todos en la corrupción de la que no teníamos nada que ver.
Le dije que había que hacer muchas denuncias y que si él lo necesitaba, lo acompañábamos a Tribunales. Él contestó que la denuncia la teníamos que hacer nosotros o que se la lleváramos a Macchi.
Sabor debería encarar la investigación y los sumarios administrativos, pero no hizo nada. Le llevamos las denuncias a Macchi pero nunca nos recibió. Entonces denunciamos a Sabor como principal responsable. Tiempo después nos citó y nos planteó que para conversar con él, teníamos que anular la denuncia penal, un pedido inaceptable.
-¿En qué se beneficia el macrismo?
El primer beneficio fue en la industria inmobiliaria. Fueron comprando casa por casa sobre la avenida Avellaneda para estructurar un centro comercial a cielo abierto. Los vecinos tuvieron que aceptar porque es imposible caminar por la vereda o estacionar el auto.
Todos los negocios son exactamente iguales, con estructura de tres o cuatro pisos, con depósitos enormes y pagaron coimas para que se les habilite la construcción que de otra forma jamás podría ser aprobada. Estamos hablando de coimas de 500 mil dólares.
Hasta la mujer de Mauricio, Juliana Awada, está directamente asociada a los talleres clandestinos. Abastecen su marca de ropa «Awada». De hecho, el taller que se incendió y donde murieron los dos chicos era abastecedor y quedó expuesto por la desaparición de pruebas.
Antes del 2007, la primera vez que Mauricio fue gobernador de la ciudad, la forma que teníamos de combatir a los talleres clandestinos era arremeter directamente contra el esclavista. Al trabajador no lo echábamos a la calle, sino que lo dejábamos trabajar con las máquinas de quien lo había traído ilegalmente al país. Pero cuando llegó el PRO, la estructura de los talleres se amplió hasta convertirse en una mafia.
-Entonces, ¿por qué no actúa la justicia?
Porque se trabaja en el marco de la semi-legalidad. Y particularmente en el caso de Awada. Funciona de la siguiente manera: hace un par de años surgió una ley para apoyar el trabajo domiciliario, incentivado por el macrismo.
De esta manera, las marcas pueden contratar diversos talleres familiares que tienen objetivos de producción. Esos objetivos son incumplibles y para alcanzarlos, se deberían trabajar más de las 24 horas que tiene el día. Entonces el tallerista es quien contrata a alguien que maneje un taller clandestino o directamente la marca le pasa la ropa que proviene de un destino desconocido, para que figure como que fue hecha en el taller familiar.
El negocio está en que el producto de la mano de obra boliviana en los talleres clandestinos es el único que tiene precio chino en la Argentina. La industria textil gana fortunas porque vende a minoristas con precio mayorista, con una ganancia exponencial.
La marca no vende la cantidad de prendas que podrían producir sus talleres legales, sino centenas más, así simulan trabajar dentro del marco de la ley para no despertar sospechas de quienes trabajamos en el rubro. Personalmente lo denuncie muchas veces públicamente porque no encontré respuestas en la dirección general de protección al trabajo, donde estoy hace diez años.
-¿Por qué crees que no te atacaron directamente por hacer estas denuncias?
Porque si me denuncian yo puedo ir a la justicia a probar lo que dije en los medios y tengo todos los expedientes públicos para hacerlo. Y si me quisieran apretar, que lo han hecho pero en forma de amenazas, quedarían muy expuestos.
Igualmente tomaron represalias. Intentaron echarme de la dirección general de protección al trabajo por faltas injustificadas, pero como no lo pudieron probar y tengo un amparo judicial por ser del fuero gremial, tuvieron que restituirme a mi cargo. Sin embargo, hace tiempo que sólo me mandan a inspeccionar consorcios de edificios.
-¿Y la policía?
El problema es que si yo recurro a la policía por alguno de los casos que denuncio mediáticamente, no puedo ser querellante porque no soy un damnificado directo de la causa. Y como la justicia está tan entongada con el Gobierno de la Ciudad, igualmente dormirían la denuncia.
Específicamente esto último se visualizó con la intervención de la policía metropolitana en la Av. Avellaneda. Fueron a correr a los manteros y no avanzaron más de una cuadra para pegarse la vuelta. Los manteros, que ya estaban avisados, les tiraron con todo.
Igualmente, si se tiene una fuerza policial armada es para enfrentarse con personas armadas. Si no puede correr a diez manteros, solo están montando un show.
¿Cuál es la solución que vos?
Es simple, si se quiere terminar con los negocios ilegales de Avellaneda, hay que clausurar todos los locales hasta que se decidan a ponerlos en regla. Esto les corresponde a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Protección del trabajo.
Específicamente a Ezequiel Sabor y a Juan José Gómez Centurión, ambos delegados de los talleres clandestinos. Pero Gómez Centurión hace una lista de los protegidos, se la da a Sabor, quien se la entrega a Macchi y siguen respaldando a la mafia.
En mi opinión, la inspección del trabajo se hace bien pero son los funcionarios los que ensucian el proceso. La solución sería que todas las actas sean de conocimiento público y que un organismo independiente del estado impulse las causas. Quizás formado por vecinos o personas damnificadas. Es necesario aclarar que toda persona explotada, inmigrante ilegal, es víctima de la situación. El responsable es el victimario. La única manera de solucionarlo es denunciar a la estructura de fondo que mantiene todo en la ilegalidad y la precariedad total.
