El criterio para otorgar asignaciones estatales a personas con discapacidad volvió a despertar tensiones entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones del sector. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) decidió profundizar lo que considera una revisión necesaria para evitar fraude. Sin embargo, lo que cuestionan desde el colectivo es que en ese proceso ignora la legislación vigente, retrocede en materia de derechos humanos y que hasta avala la discriminación y la estigmatización.
En septiembre del año pasado, la ANDis publicó el decreto 843. Desde que en 1997 se reglamentara el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, distintas normativas habían flexibilizado criterios para hacerlos acorde a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este documento de Naciones Unidas, que en Argentina tiene rango constitucional, entiende que la discapacidad no impide trabajar, pero que a la vez las personas con discapacidad enfrentan barreras por las cuales es necesario brindarles una asignación. Pero el decreto 843 retrotrajo la cuestión, en gran medida, a la normativa de 1997, cuestionada por Naciones Unidas.
Junto con el decreto, la ANDis anunció que los beneficiarios de estas pensiones serían evaluados, ya que análisis preliminares daban cuenta de inconsistencias. Precisamente, en los últimos días beneficiarios de las pensiones comenzaron a recibir citaciones para que una junta médica los evalúe. Con la supervisión del Ministerio de Salud y Pami, la ANDis anunció que se revisarán 1 millón de pensiones.
Para ello, en enero la ANDis sacó una resolución, la 187, que no solo vuelve a enfatizar criterios médicos para evaluar la discapacidad (los beneficiarios deberán acreditar una “invalidez laboral” del 66% en lugar del 76% de la normativa original). Además, en el anexo de la resolución se emplean términos discriminatorios, como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Eso se incluye a la hora de describir “retardos mentales”.
Ante esta situación, siete organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa.
Extracto de la resolución en donde figura terminología discriminatoria
