Luego de una decena de fugas de presos de comisarías vecinales, Jorge Macri, firmó un decreto que declaró la “emergencia de infraestructura” para personas privadas de su libertad y anunció la construcción de la Alcaidía Central, con 700 plazas, en un plazo de dos años y mientras determino el uso de módulos carcelarios para incorporar más espacios de detención por la superpoblación de presos.
Con este diagnóstico, avanzo en la idea de los contenedores y definieron sus ubicaciones en tres playones lindantes a las comisarías Comunal 12, situada en Ramallo 4398 de Saavedra; en la Comunal 15, de Guzmán 396 en Chacarita; y en la Vecinal 4D, de California 1850 en Barracas. Se estima que habrá 20 en cada barrio.
Los contenedores tendrán un área central con mesas y bancos de metal donde los detenidos podrán comer. Mientras que en ambos lados estarán dispuestas las celdas, cada una de las cuales tendrán camas cucheta y baños.
Contarán con luces antivandálicas, vidrios laminados y tornillos ocultos; instalaciones embutidas; aire acondicionado y podrán adaptarse a sistemas complejos de circuito cerrado de televisión. Además, habrá rejas perimetrales de alta seguridad.
Por esta idea hay fuertes protestas vecinales. En el caso de Chacarita, el predio elegido está situado al lado de un terreno donde debería funcionar desde hace 14 años un polideportivo público. En Saavedra, linda con un conjunto de casas residenciales, algunas de las cuales, desde las terrazas pueden verse los contenedores a pocos metros de distancia. Y en Barracas, enfrente hay dos clubes sociales y deportivos.
La llegada de los contenedores fue algo que impactó fuertemente en el vecindario sy ya hubo varias protestas pero sin resultados concretos para que laidea se abandone.
Los vecinos denuncian que no existieron los canales de información desde la Comuna y no entienden el criterio de instalar una cárcel en sectores de los barrios donde hay vida social, como clubes y centros comunitarios y viviendas familiares.
Los vecinos se agruparon semanas atrás para presentar un recurso de amparo en la Justicia, pero difícilmente tengan éxito porque el gobierno de la ciudad controla hace años las instancias judiciales de segunda y tercera instancia.
