En el marco del Juicio Popular iniciado a mediados de julio ,se desarrolló esta semana el 2do Foro de Denuncias #LunesContraLaDeuda, enfocado en los impactos de la Deuda y el FMI en relación al hambre, la soberanía alimentaria y el territorio. El próximo Foro, a realizarse el lunes 10 de agosto a las 17 hs., recibirá denuncias en relación al Trabajo. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtube “Autoconvocatoria.Deuda”.
Les jueces populares Nora Cortiñas, Nina Brugo, Miguel Julio Rodríguez Villafañe y Adolfo Pérez Esquivel y la fiscal Liliana Constante, escucharon en esta ocasión las denuncias presentadas por referentes de 7 organizaciones populares: Nahuel Levaggi, Coordinador general de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Carla Poth por Subversión, Carlos Perusini por el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Bárbara Egea por La Salamanca, Marcos Filardi por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición/UBA, Mecha Martínez por la Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa-MTR) y Carina Maloberti por ATE-SENASA.
Presentaron cargos contundentes contra la Deuda, el FMI, les funcionaries e intereses económicos privados, por los estragos que generan a través del empobrecimiento de la población, la desocupación crónica y la imposición de un modelo agroindustrial dominante denunciado por ser ecocida, genocida por goteo y violatorio de los derechos humanos. Las organizaciones además solicitaron sanciones y medidas reparatorias concretas, incluyendo la suspensión de todo pago, la investigación de la deuda y el uso de los recursos que ahora sirven una deuda ilegítima, a las necesidades urgentes de la población y la transformación del modelo dependiente y endeudante.
Mientras el Foro se desarrollaba, llegaban los primeros rumores del acuerdo, luego confirmado, con los grandes fondos que no cesan en sus presiones para seguir lucrando a costa del hambre y la salud del pueblo. Un acuerdo de pago que rechazamos, por significar un nuevo retroceso de parte de las autoridades argentinas frente a la dominación que ejerce elsistema de endeudamiento eterno. Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, alertamos en reiteradas ocasiones sobre el costo nefasto para el pueblo, su soberanía y autodeterminación, de la negociación sin previa investigación independiente de una deuda ilegal, ilegitima y odiosa.
No tuvimos respuestas ni del presidente de la República Argentina, ni de las autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación, ni del Banco Central de la República Argentina. Estos espacios desestimaron por la vía de los hechos nuestros pedidos de audiencia cuyo propósito era explicar el por qué de nuestro posicionamiento y de la urgencia de la suspensión de todos los pagos y la inmediata investigación participativa.
A nuestros sobrados argumentos para tomar aquella vía soberana, se suma la crisis sanitaria, social y económica que estamos atravesando.
Alertamos que las próximas negociaciones con el FMI deben ser motivo de alerta por partida doble, ya que el principal objetivo de ese organismo es la imposición de reformas estructurales (laboral, previsional, etc), que chocan frontalmente contra los derechos obreros y populares.
No deben ser avaladas en pos de la “normalización financiera” o de “tranquilizar la macroeconomía”, en un mundo tan convulsionado por la pandemia y un pueblo tan castigado como el nuestro.
A continuación, ofrecemos un vistazo de algunas de las principales denuncias presentadas en este 2do Foro. El Juicio Popular a la Deuda y al FMIseguirá hasta fines de septiembre, con un nuevo Foro de Denuncia todos los #LunesContraLaDeuda.
Convocamos a participar y a fortalecer la campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda, convencides que la única deuda es con el pueblo.
Disertaciones del 2do Foro de Denuncia: Hambre, Soberanía Alimentaria y Territorio
Nahuel Levaggi, Coordinador general de la Unión de Trabajadores de la Tierra, inició el Foro denunciando que la deuda “genera una propuesta de economía agraria de concentración y de fortalecimiento del agronegocio… (para) generar mayores niveles de exportación de commodities para que ingresen dólares para pagar esa deuda ilegítima. Todo eso, obviamente, a costa del fortalecimiento de la producción de alimentación sana y soberana para el consumo interno lo que obviamente termina de generar hambre en los sectores urbanos.”
A continuación, la investigadora Carla Poth, en representación de la agrupación SUBVERSIÓN, enfatizó el alto grado de concentración y desnacionalización de ese modelo agroindustrial impuesto y denunció las enormes “externalidades” que son costos concretos, no contabilizados, íntimamente asociados a lo que significa la expoliación de la deuda. “Si contabilizamos estos costos ambientales y sanitarios del agronegocio, no sólo no tendríamos deuda que pagar, sino que tendríamos que cobrarnos una deuda histórica de más de 500 años de expropiación y de concentración de nuestros recursos en los países del Norte y en los organismos internacionales,” denunció Poth. “Una deuda ecológica de la cual nosotros somos acreedores y que las grandes corporaciones transnacionales y los estados del Norte efectivamente deben pagar para poder restituir el suelo, el agua, los ecosistemas y la diversidad biológica.”
El referente nacional del Movimiento Territorial de Liberación, Carlos Perusini, de Santa Fe, vinculó directamente al hambre y la falta de soberanía alimentaria con la pobreza, la indigencia, la expansión de la soja y todas estas con la deuda. “Son responsables los tomadores de la deuda y también quienes permitieron, entre esos el Fondo Monetario Internacional, que se tomara esta deuda sabiendo que en estas condiciones no se iba a poder pagar,” señaló. Denunció a la vez la ausencia de beneficios para el pueblo, afirmando que “esa deuda no fue destinada ni a la creación de trabajo ni al mejoramiento alimentario ni a ninguno de esos aspectos. Sirvió simplemente para la fuga de capitales y por lo tanto esto implica una doble condena.”
Desde otra organización social territorial, Bárbara Egea, integrante de la Mesa Nacional de la Corriente Clasista René Salamanca, relacionó la pobreza estructural en la Argentina con el carácter del país dependiente y denunció la corresponsabilidad del FMI y los bonistas en perpetrar, con las autoridades competentes, una estafa al país y al pueblo argentino. Señaló que gobiernos como el de Macri, han reforzado esa dependencia al extremo, logrando expulsar del interior hacia las grandes ciudades a millones de ciudadanos y ciudadanas que se afincan en los barrios populares y en las villas, mientras las grandes empresas internacionales se llevan sus divisas a las casas matrices sin ningún control. “Todo esto estímuló muchísimo la especulación financiera e incluso les permitieron a las provincias endeudarse en dólares para cubrir gastos corrientes en pesos,” denunció Egea. “Dejaron al país colapsado, y esta política sólo podía ser sostenida con endeudamiento. Ha habido un fuerte empobrecimiento en los últimos años y es muy importante que ese dinero se destine a resolver estas necesidades tan urgentes.”
Marcos Filardi, por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, centró su denuncia en el carácter “ecocida, de genocido por goteo y violatorio de nuestros derechos humanos” del modelo agroindustrial dominante y en su sostén económico-financiero. “Los grandes intereses económicos que salen beneficiados con este modelo, lo imponen por la fuerza de su poder y de la fuerza derivada del poder de sus capitales, y esto tiene mucho que ver con la deuda que hoy intentamos problematizar en este juicio popular,” afirmó Filardi.
Denunció los niveles históricos de concentración, y por ende desigualdad, y puntualizó que las grandes ganadoras detrás del modelo agro industrial dominante son los intereses financieros concentrados, como el fondo Blackrock que tiene intereses a veces controlantes, en casi todos los sectores relacionados, desde las semillas y agrotóxicos hasta el gas, el petróleo, la minería y la comercialización. “Hay fondos distintos que hoy son nuestros principales acreedores privados y que son los que nos están reclamando el pago de la deuda que se llama deuda soberana.”
Mecha Martínez, por la Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez, hizo eco del sentimiento ya expresado por varies, al apuntar a la necesidad que nos unamos “para que estas cosas no queden perdidas en escrito, sino que se trabaje y se ponga el cuerpo en función del no pago de la deuda externa fraudulenta y legítima que condena nuestro pueblo.” Desde el calor de la pelea por el derecho a la vivienda digna, en el asentamiento donde se crió en La Matanza, denunció como “el pago de la deuda no solo afecta sino condena sistemáticamente a un pueblo trabajador ocupado y desocupado por mucho tiempo, poniéndonos en la tarea de naturalizar la pelea por el trabajo genuino, el trabajo en blanco, el trabajo que nos dignifique con un salario mensual que nos pueda asegurar y determinar el tipo de educación que queremos y el tipo de alimentación que queremos.” Resaltó además como “el sistema, en este someter a un pueblo a naturalizar determinadas situaciones totalmente angustiantes, hace que la represión sea parte de nuestras vivencias.”
La última intervención del Foro estuvo a cargo de Carina Maloberti,Secretaria gremial de ATE-SENASA, quien en nombre de todes sus compañeres, inició su denuncia solicitando al Procurador general de la Nación, a la Comisión bicameral de seguimiento de la Deuda y al Tribunal Popular mismo, iniciar las investigaciones correspondientes por los “hechos reiterados de traición a la patria, colaboración con intereses extranjeros y utilización de deuda pública para beneficiar negocios
privados, en clara intención y complicidad para el sometimiento de nuestra independencia económica y de nuestra soberanía política para el desarrollo libre y popular del buen vivir en comunidad y el resguardo de nuestros patrimonios culturales y ecológicos.”
Al referirse a las funciones esenciales de su dependencia para el resguardo de la salud pública, puntualizó que “fueron concreta y planificadamente embestidas con intención a desaparecerlas completamente … por parte de la anterior administración,” con la excusa tan trillada de la “reducción del gasto público y la supuesta modernización de la Administración nacional, exigida por el Fondo Monetario Internacional en clara extorsión constante con la toma de deuda ilegítima y odiosa por parte de gerentes de corporaciones transnacionales que alcanzaron cargos públicos ministeriales por el voto popular.”