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La jueza Andrea Danas dictó una medida cautelar para ordenar la suspensión del tratamiento legislativo de los proyectos de ley N° 849-J-2018 (Código Urbanístico) y 1058-J-2018 (Código de Edificación). El fallo es porque la Legislatura y el Poder Ejecutivo no han convocado a audiencia pública previo al tratamiento legislativo como dispone el art. 63 de la Constitución de la Ciudad.
El 4 de abril de este año, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura el proyecto de ley N° 849-J-2018 que tiene por objeto aprobar el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 19 de abril remitió el proyecto de ley N° 1058-J-2018 referidos al nuevo Código de Edificación de la Ciudad, aprobados en primera lectura en septiembre, aprovechando la mayoría que tiene el PRO en el recinto.
Ambos proyectos son una prioridad para el Gobierno de Larreta, acusado reiteradamente de favorecer negocios inmobiliarios con tierras públicas en la ciudad.
La Jueza expresó en su fallo que “la suspensión del procedimiento legislativo se presenta como una medida necesaria para preservar los mecanismos de participación ciudadana garantizados constitucionalmente, y compatibilizar los intereses en juego”.
Asambleas y organizaciones sociales rechazan la aprobación del Código Urbanístico y de un nuevo Código de Edificación y lo expresan en un documento muy claro en sus argumentos.
En síntesis: la Legislatura porteña aprobó en septiembre el Código Urbanístico y el Nuevo Código de Edificación para la ciudad sin considerar la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal y la Carta del Derecho a la Ciudad elaborada en múltiples talleres barriales.
Por lo tanto, un conjunto de asambleas y organizaciones vecinales rechazan la aprobación y el contenido de ambos códigos que se votó en primera instancia en septiembre, (es una ley de doble lectura y necesita de audiencia pública para ser aprobada). Los motivos del rechazo:
- Son códigos que desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios. Ambos códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario.
- El tratamiento parlamentario dado a estos códigos es inconstitucional. La Legislatura y el Poder Ejecutivo no cumplieron con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria, tal como lo establece el art. 63 de la Constitución de la Ciudad. Esta audiencia pública debió realizarse “antes del tratamiento legislativo” y geográficamente en cada comuna. Tampoco hubo participación real de los consejos consultivos comunales ni de los vecinos en las diversas reuniones convocadas por el GCBA y la Legislatura. Estas tuvieron un mero carácter formal para dar apariencia de participación ciudadana.
- Facilitarán la destrucción de la ciudad, de sus distintas identidades barriales y de su diversidad cultural en aras de negocios inmobiliarios de amigos del poder.
- Profundizarán el colapso actual de los servicios públicos (agua, cloacas, luz, gas, salud, educación, transporte, etc.). Aumentarán la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva para que la infraestructura de servicios públicos acompañe dicho crecimiento.
- Destruirán en forma progresiva y continua el patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, transformando el derecho colectivo, consagrado constitucionalmente, en un recurso económico al servicio de la especulación inmobiliaria sin límites, una constante desde que el PRO está en el poder.
- Intensificarán la expulsión de los habitantes de recursos bajos y medios de la ciudad, transformándola en un espacio sólo para ricos y para la explotación del suelo con criterios puramente rentísticos.
- El código de edificación excluye y pone en situación de riesgo a niños, personas mayores y con discapacidad tanto en los espacios privados como públicos.
- En síntesis, estos códigos lejos de servir al Bien Común están diseñados como instrumentos para los negocios del blanqueo, la timba financiera y la fuga de capitales dolarizados.
La ciudad es de todos y todas. Es inadmisible que sea utilizada como materia prima para el negocio de unos pocos. En la ciudad, las políticas urbanas son decididas por los grandes inversores y el mercado inmobiliario que la ponen al servicio de sus intereses especulativos. La inversión pública y las plusvalías urbanas, que son fruto del esfuerzo colectivo de generaciones, están siendo apropiadas por grandes empresarios y propietarios inmobiliarios.
Debe iniciarse un nuevo proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual, que supere una planificación que no respeta la democracia participativa y las comunas.
Los denunciantes solicitan que se garantice el derecho constitucional a la Democracia Participativa, tal como establece la Constitución de la ciudad y que la PLANIFICACIÓN URBANA CIUDADANA se discuta en las comunas y en los consejos de vecinos para avanzar en el Plan Urbano Ambiental.
¿Nuestros representantes a quiénes representan?
