Se presentó un  proyecto en la Legislatura, donde se trataría de legalizar la instalación de las rejas de Plaza de Mayo, criricda por historiadores y vecinos que quieren proteger el patrimonio histórico de la plaza.

La legalización por vía legislativa es el camino que tomó la gestión de Larreta luego de que la Justicia porteña pidiera adecuar la normativa al nuevo Código Urbanístico de la Ciudad.  La futura ley que intentan sancionar para salvar el dictamen de la justicia busca que el denominado cerco perimetral de seguridad instalado en la histórica plaza se incorporará al Área de Protección Histórica del entorno de la Plaza de Mayo, APH 1.

La iniciativa, que cuenta con el número de expediente 3695-J-2018, tiene por objeto autorizar la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde desde avenida Hipólito Yrigoyen hasta Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura de las calles Defensa y Reconquista. La ley será de doble lectura y con la realización de una audiencia pública.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo a la cual el Juez Otheguy hizo lugar el 28 de diciembre pasado. A partir del despacho del proyecto en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, esa organización advirtió que “este blanqueo de la degradación de nuestro patrimonio cultural soslaya que la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos ha rechazado las rejas.

Jonatan Baldiviezo, referente de esa organización en declaraciones a la prensa, planteó que “las rejas desde su instalación no sólo funcionan como medidas de seguridad frente a grandes concentraciones y protestas sino como una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional como es la Plaza de Mayo. Además, las fuerzas de seguridad están actuando con absoluta discrecionalidad  definiendo quiénes y que uso del espacio público puede realizar la ciudadanía en el sector de la plaza detrás de las rejas. Un espacio público a la merced de la voluntad represiva de la policía”… “la ética política del Gobierno de la Ciudad consiste en modificar las leyes cuando lo descubren actuando ilegalmente sin consideración de las razones que llevaron a la creación de la normativa violada”.