La Cámara Federal confirmó el procesamiento por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos de Carlos Kambourian, ex presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan Garrahan, durante la presidencia de Macri, por utilizar fondos públicos para gastos personales.
Los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, rechazaron los pedidos de nulidad de la defensa y confirmaron el fallo de primera instancia. También quedó procesado el director Administrativo del Garrahan, Alan Norton.
La causa se inició por una denuncia efectuada por Guillermo González Prieto, presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, que dio cuenta de las irregularidades. En la investigación se determinó que, entre el mes de mayo del año 2018 y enero de 2020, Kambourian y Norton utilizaron distintas tarjetas corporativas Visa, -emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital, con las que realizaron compras y gastos, que luego no fueron justificados por los imputados.
Además, la fiscal federal Alejandra Mangano señaló que los acusados tampoco acreditaron que los desembolsos hubieran sido realizados en el marco del rol funcional que cumplían en la institución hospitalaria y la instrumentación de los plásticos fueron solicitados en forma expresa por el Consejo de Administración dirigido por el pediatra.
El juez federal Luis Rodríguez procesó a los dos acusados. Señaló que, de acuerdo con la tabla de gastos que obra en la causa, se puede observar que Norton y Kambourian ignoraron las normas establecidas en el Reglamento de contrataciones vigentes del Hospital.
Por ejemplo, se adquirió una cafetera de cápsulas y una heladera sin que previamente se hayan desarrollado los procedimientos de aprobación de tales erogaciones. A su vez, se registraron consumos habituales en bares y restaurantes fuera del horario laboral, sin que se haya acreditado relación alguna con las actividades encomendadas en función del cargo que desempeñaban. Con esta decisión del tribunal, la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio oral.
