Los movimientos campesinos le dicen NO a la Ley Monsanto-Bayer de Semillas

«Lo que no saben ellos es que no necesitamos de nadie que venga a mejorarnos las semillas. Hace 12.000 años que lo venimos haciendo los pueblos, y nos ha ido bastante mejor que ahora, con este modelo ecocida y genocida. La semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, no una mercancía. Es una propiedad colectiva, y el uso propio de ellas es un derecho humano irrenunciable, y elemental para la biodiversidad génica.»

«Es bien de a poquito, que los días se van alargando. Los rayos del sol nos acompañan un poco más. Pronto ya las flores comenzarán a aparecer y a perfumarnos los días. Un pulso. La tierra, exhala. Todo lo que juntó para sí, lo exhala de a poquito embelleciéndonos los días y mostrando otra forma más, de su vitalidad, de su fuerza, de su resistencia.

Lo que hoy nos convoca acá, a mí particularmente atrás de un teclado, y a vos, a ustedes, en sus múltiples formas, es una gran discusión que se está dando hoy en toda la Argentina. El jueves 30 de agosto, se discute, con escasa representación de los sectores sociales involucrados, y después de dos años sin entrar en tema, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, cuatro proyectos de ley que pretenden reformar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, Ley número 20.247.

Ésta, para quien no la conoce, se trata de una ley que pretende profundizar un modelo productivo de agronegocios que nada nos deja, más que ”alimentos” llenos de agrotóxicos, que en su mayoría no son alimentos, sino comodities, pueblos fumigados, desmonte, éxodo rural, niñxs con malformaciones, cáncer, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Nos deja el amargor de ver a nuestrxs parientxs morir, a nuestrxs amigxs, nos deja el campo despoblado y las villas llenas. El avance de la frontera agrícola está en cada rincón del mundo.

La ley les otorgaría a las semilleras, a través de un sistema de patentes y derechos de obtentor, el derecho de cobrar regalías por cada semilla certificada que se vuelva a usar, luego de la primer cosecha. Este derecho se conoce como derecho a la propiedad intelectual. Lxs agricultorxs, ya no podrán almacenar, sembrar e intercambiar semillas que ellxs mismxs produjeron. Si la ley se implementase, sería ilegal hacer uso propio de las semillas que durante 12 mil años fueron co-evolucionando junto a los pueblos, cuando éstos aprendieron a cultivar y desarrollar la agricultura.

La ley crearía un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos. El no cumplimiento de la ley sería considerado delito penal y se “sancionará a los responsables con: llamado de atención, apercibimiento, y multas de hasta un millón (1.000.000) de unidades referenciales de sanción (URS), decomiso de semillas, cultivos, mercadería, y/o demás elementos de infracción, (…) suspensión temporal o permanente del registro correspondiente, inhabilitación temporal o permanente, y clausura parcial o total, temporal o permanente del/de los lugar/es donde se haya cometido la infracción”. (Art. 61).

El artículo 64 dice que “los funcionarios actuantes en cumplimiento de esta ley pueden inspeccionar, en cualquier momento, lugares, locales, plantas, depósitos, galpones, campos, predios, transportes, entre otros (…), extraer todo tipo de materiales, (…) efectuar todo tipo de análisis, (…) intervenir e inmovilizar cualquier partida de semilla en presunta infracción hasta tanto la misma sea colocada en condiciones legales (…).”

No solo las semillas certificadas serán criminalizadas, sino que toda semilla debe estar inscripta en el “Registro Nacional de Creaciones Fitogenéticas”, y toda semilla que no cumpla con este requisito, será igualmente criminalizada. Por otro lado, de acuerdo al proyecto de ley, todo “descubrimiento” de obtenciones vegetales por parte de las empresas, podrá ser certificada, y por ende arrebatada de los pueblos. Este fenómeno se conoce como “biopiratería”.

Ley Monsanto (ahora Bayer) de semillas. Así es conocida en todo Latinoamérica. Son múltiples los países que se enfrentan a este gigante, y la raíz del problema está en un convenio internacional al cual los países pueden adherir. Este convenio se llama UPOV 91. Actualmente, Argentina tiene una ley de semillas del año 73, impuesta durante la dictadura, y en el año 94, adherimos a UPOV 78.

La gran diferencia entre ambos convenios yace en que UPOV 91 criminaliza la reproducción de las semillas criollas y nativas, y protege a las empresas. Su argumento: Las empresas semilleras necesitan seguir cobrando por la semilla que “mejoraron”, para poder seguir invirtiendo en investigación, y seguir “mejorándolas”.

Lo que no saben ellos es que no necesitamos de nadie que venga a mejorarnos las semillas. Hace 12.000 años que lo venimos haciendo los pueblos, y nos ha ido bastante mejor que ahora, con este modelo ecocida y genocida.

La semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, no una mercancía. Es una propiedad colectiva, y el uso propio de ellas es un derecho humano irrenunciable, y elemental para la biodiversidad génica. Cabe aclarar, que los derechos de propiedad intelectual están subordinados por los derechos humanos, por lo que la ley adopta carácter inconstitucional al ir en contra de los derechos humanos.

Hay que comprender también, que Raimundo Lavingnolle, actual director del Instituto Nacional de Semillas, ente que regularía la aplicación de la ley, no es nadie inocente, sino que tiene una carrera profesional extensa de las manos de las corporaciones, y enunció hace poco, orgullosamente, que casi fue presidente de la UPOV, cuando trabajó allá en Ginebra.

Tanto este personaje, como Rubinstein (Ministro de Salud), Bergman (Ministro de ambiente y desarrollo sustentable), Etchevere (Ministro de Agroindustrias) y Lino Barañao (Ministro de Tecnología e Innovación Productiva), hablan y defienden las Buenas Prácticas Agrícolas, palabras que nos robaron y vaciaron de contenidos. No existe buena práctica agrícola que eche venenos al suelo, al aire y al agua, cuando estudios como el de Damián Marino demuestran que el glifosato, la atrazina, y el AMPA, se encuentra hasta en el agua de lluvia, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al Glifosato como probable cancerígeno, cuando ya condenaron a Monsanto por casi 300 millones de dólares para indemnizar a un jardinero estadounidense que contrajo cáncer terminal a raíz de este mismo herbicida.

Los pueblos fumigados de hoy en día, reciben una carga real de exposición de 40 a 70 litros de glifosato por habitante, por año, según estudios realizados por el Dr. Medardo Avila Vazquez, coordinador Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

Y dentro de los agrotóxicos, en cuanto a la toxicidad, el glifosato no es el peor.

Esta nota, corta para la extensión de este tema tan complejo, no me alcanza para terminar de argumentar por qué, desde las entrañas de los pueblos, le decimos que NO al intento de implementar la Ley Monsanto-Bayer de semillas. Puedo sí, recomendarles el documental de Victoria Solano, 9.70, que trata de la implementación, en Colombia, de una resolución muy similar a la que acá quieren aplicar (ya que se trata de adherir a UPOV 91), y muestra las graves consecuencias que trajo. Otro material interesante es “Ley de semillas: Alerta Argentina”, y en particular, el comunicado de la Multisectorial contra la ley Monsanto de semillas.

Necesitamos una ley de semillas que no nos criminalice, que no nos haga entrar en jugarretas burocráticas. Necesitamos un estado que garantice ferias de ventas de alimentos sanos e intercambio de semillas, donde se cuide la biodiversidad, y no se deje en manos de las semilleras, quienes ya se encargaron de borrar el 75% de la biodiversidad de nuestros cultivos.

Necesitamos un marco legal que resguarde e impulse bancos de semillas criollas y nativas para proteger al campesinado. Necesitamos un estado que garantice el acceso a la tierra para quien la produce, un estado que prohíba los transgénicos, y más que los transgénicos, el paquete tecnológico de envenenamiento, que genera en lxs agricultorxs la dependencia absoluta de insumos. Necesitamos agroecología para producir sanamente, necesitamos soberanía alimentaria para decidir qué comer, dónde, y cómo producir.

Necesitamos que lxs ingenierxs no repitan como loros, lo que las multinacionales dicen.

Necesitamos que nuestrxs diputadxs y senadorxs nos representen.

Para finalizar, y para que no nos avasalle la realidad, es vital entender que ésta ley la quisieron implementar en el año 2012, 2014 y 2016 en Argentina, y que, gracias a la organización y a la movilización social, se pudo frenar. Depende de que nos informemos y seamos solidarixs entre nosotrxs para que los dirigentes de este país no sigan entregando nuestra soberanía.

Pulsemos, entonces, como pulsa la tierra. Inhalemos. Exhalemos. Carguémosnos, como se carga ella, para florecer. Para tener fuerza vital, para resistir. Para defender la vida.»

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