Entre los fundamentos del proyecto se señala que las manifestaciones públicas constituyen el ejercicio de los derechos constitucionales indispensable para la vida en democracia y se destaca la existencia de leyes nacionales y locales que disponen que la actuación del personal policial esté de acuerdo con la vigencia de esos principios y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que: “Las fuerzas policiales requieren contar con normas de actuación definidas y con el entrenamiento profesional necesario para actuar en situaciones que involucran grandes concentraciones de personas”…“la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…) sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones”.
El proyecto busca fortalecer los instrumentos de protección de derecho en manifestaciones públicas e institucionalizar respuestas estatales no violentas además de facilitar un adecuado monitoreo y evaluación de la actuación policial.