27 de febrero de 2017
Como es costumbre desde hace unos años, cada vez que se hace alguna obra o se pretende mejorar la infraestructura de algún sitio en la ciudad, se venden tierras públicas con la excusa de financiar esa obra o esas reformas. Indefectiblemente, en todas estas ventas está metido el negocio inmobiliario, porque alguna parte de esas tierras pùblicas se otorgan a los “desarrolladores urbanos” para hacer un emprendimiento privado. En este caso, la iniciativa involucra la construcción del Paseo del Bajo para lo cual se necesitaba una audiencia pública, que no es vinculante, para cumplir los formalismos.
La audiencia pública que se realizó el 24 de febrero, era un paso necesario en el tratamiento definitivo de una ley, de doble lectura, que busca habilitar la venta de 17 mil metros cuadrados por un valor de 60 millones de dólares para financiar la obra del Paseo del Bajo. Una vez cumplido este trámite, vuelve a la Legislatura para su aprobación.
La venta de los 17 mil metros cuadrados llamados «manzana 1Q», están ubicados a la altura de Juana Manzo al 400, y tienen un valor de 60 millones de dólares. Su venta autorizada en la audiencia, es un paso obligatorio para la aprobación de la Ley que transformará el Bajo porteño en una autopista subterránea y un paseo verde.
Los vecinos que se oponen a la iniciativa argumentan que ese espacio es de dominio público y el último terreno libre de la zona. De la vereda de en frente, el Gobierno porteño asegura que el proyecto mejorará las condiciones urbanísticas del barrio y sumará diez hectáreas de espacio verde. El negocio está siempre presente en una ciudad donde los negocios son lo más importante, aunque involucre el uso de espacios públicos para fines privados.
En este caso subsiste la misma lógica, porque el predio pertenece a la Corporación Antiguo Puerto Madero y permite la construcción de torres en altura.
La construcción del Paseo del Bajo también se financiará con la venta de las tierras del playón ferroviario que está detrás de Catalinas Norte y en este caso también, la Ciudad autorizará la construcción de torres de oficinas y la Nación (dueña del predio) las venderá pero transferirá el dinero para la obra de la autopista, redondeando un negocio privado perfecto.
Con la audiencia pública realizada, el proyecto vuelve a la Legislatura donde es indudable su aprobación.
