Por Graciela Gonzalez
Los elevadísimos precios de las frutas y verduras en la ciudad y en el país, están íntimamente relacionado con el avance de pocos productores, entre ellos la comunidad boliviana, que tienen el control de la producción, distribución y venta directa de estos productos, fijando márgenes de ganancias que terminan en precios exorbitantes para los consumidores.
Existe además, una enorme informalidad en toda la cadena de comercialización, con numerosos casos de trabajo no registrado y una situación fiscal irregular en todo el circuito.
La distribución desde las zonas de producción se hace totalmente en negro, en ningún local de venta dan tickets legales y no hay control de las autoridades que pudieran hacer más razonables los precios finales.
Los porcentajes en el dominio del mercado
El Censo Hortícola de la Provincia de Buenos Aires de 2001, registraba en la zona Sur (La Plata, Berazategui y Florencio Varela) la presencia de un 39.2% de productores bolivianos (el 75% de ellos en carácter de arrendatarios y el 25% de propietarios), los cuales trabajaban solo con mano de obra boliviana en situación legal muy precaria.
En el censo de 2005 se registra un 30,4% de horticultores de esa nacionalidad en toda la provincia, mientras que, en Córdoba, hacia el 2008, son el 65% de los productores y en Río Cuarto desde ese año, manejan el 80% de las explotaciones de frutas y verduras.
En Escobar, Luján, Pablo Podestá y Lomas del Mirador, en La Matanza, los mercados concentradores son operados exclusivamente por integrantes de la colectividad, que controlan el 80% de la producción y en el norte, el 90% del mercado está dominado por la comunidad boliviana.
Según los estudios realizados por el Conicet, este proceso de control del mercado tuvo tres etapas.
Una etapa convergente, donde la producción de decenas de quintas se centralizó en mercados mayoristas (puntos de concentración) y en años recientes se le sumó la venta directa a través de centenares de negocios ubicadas en los cascos urbanos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se localizan un promedio de unas seis verdulerías cada cuatro manzanas.
Existen tres tipos de mercado concentrador donde se fijan los precios: el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), los mercados satélites (informales) y los “nuevos mercados” de la colectividad boliviana, además que en los últimos años, esa colectividad tiene una mayor influencia en el funcionamiento del Mercado Central. y del Mercado Regional de La Plata.
Al controlar toda la cadena comercial, son formadores netos del precio de frutas y verduras y actores muy importantes en la absorción de una parte sustancial de la renta social.
Las verdulerías propias cubren el 70% de la demanda, los porcentajes de ganancias mínimas son del 300% sobre los precios de producción y en algunos productos el margen de ganancia llega al 500%.
Este formidable crecimiento fue posible gracias al apoyo de los municipios de las provincias en la entrega de tierras y equipamiento y en la apertura de los mercados concentradores de la colectividad, (Moreno, José C. Paz, Florencio Varela entre otros).
Estos “nuevos mercados” son dirigidos solo por personas de la colectividad y para acceder hay que ser boliviano o hijo de boliviano y sólo los socios tienen derecho en la toma de decisiones. La expansión de la estructura organizativa tiene dos tipos de sujetos, los de vínculos fuertes que son el corazón de la organización (familiares y amigos), y otros que llegan en carácter de mano de obra barata, provenientes de la misma comunidad de origen que la familia que los trae y los explota.
Formaron así, un grupo empresarial con suficiente masa crítica para fijar los precios sin control de ningún tipo. Por ejemplo: producir un kilo de manzana tiene un costo de 150 a 200 pesos, pero en las verdulerías se vende a $1500/2000 el kilo, y así con todos los productos de consumo popular.
Ayuda y falta de control estatal
Esta comunidad accedió a tierras productivas, en calidad de propietarios o arrendatarios, con el apoyo de subsidios y otras regalías del poder político en todo el país.
Ejemplos para dimensionar la ayuda:
En octubre de 2012, el director del Programa de Innovación en Producción Alimentaria, Roberto Llanes de Rosario, les facilito la donación de tierras a la comunidad y les dieron subsidios (sin retorno) para insumos, tales como invernáculos, sistemas de riego por goteo y de filtro para aumentar la producción.
El 15 agosto de 2008 el intendente de Gral. Rodríguez entregó gratuitamente, motos fumigadoras, insumos agroindustriales y nylon cristal para invernáculos; elementos que venían siendo pedidos por la comunidad boliviana.
En Octubre de 2011 el Municipio de Pilar entregó 400 mil pesos en subsidios a 25 productores de Pilar y otros 800 mil pesos a principios del 2012.
El 2 de febrero de 2014, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Gustavo Arrieta, otorgo un fondo de 10 millones de pesos para los partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata, destinados a productores bolivianos que controlan el 80% del mercado en todas sus etapas.
Existe mucha información de esta fenomenal ayuda estatal en cada región del país, que permitió el control casi absoluto de la cadena comercial de frutas y verduras que les permite a esta comunidad, fijar precios con altísimas e injustificadas tasas de rentabilidad.
Estos precios abusivos, injustificados, absorben buena parte de la renta de los consumidores argentinos y no representan, a pesar del volumen recaudatorio, casi nada en la renta nacional, ya que la mayoría figuran como monotributistas de la menor categoría.
Fuentes:
La Razón Digital / ANF / La Paz
Fundación La Alameda / Página 12
Estudios de campo del Conicet
ONG “Vínculos en Red / Clarín Digital
