Se aprobó en la Legislatura una ley que duplica las multas por maltrato e intimidación cuando las victimas son  trabajadores de la salud y la educación.

La Legislatura porteña sancionó hoy una ley que modifica el artículo 53 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer como un agravante la agresión a trabajadores de la salud y la educación.

El Código Contravencional de la Ciudad, en los artículos 51 y 52, impone las sanciones para quien pelea o toma parte en una agresión en lugar público, con 1 a 5 días de trabajo comunitario, una multa de 200 a 1.000 pesos o 1 a 5 días de arresto.

El mismo castigo corresponde, siempre que el hecho no constituya delito, al hostigar, maltratar o intimidar.
Con la aprobación de esta ley, que tuvo dictamen de las Comisiones parlamentarias de Justicia y de Asuntos Constitucionales, se modifica el artículo 53 del Código Contravencional y se duplican las sanciones «cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, sea profesional o no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo».

Es importante el aumento de casos de violencia en escuelas y hospitales protagonizados por padres o personas relacionadas con los alumnos o con los pacientes en perjuicio de trabajadores docentes y no docentes o con los profesionales mèdicos, auxiliares y personal de hospitales, por cuestiones derivadas de la función que llevan adelante, afectando seriamente la seguridad personal de los trabajadores.

Estas medidas deberían implementarse también y específicamente con penas muy duras, para adultos mayores que en el lapso de varios años, vienen sufriendo robos, con golpizas importantes y en muchos casos, con perdida de vida. Son casos de indefensión de parte de las víctimas y de falta de respeto a los adultos por los delincuentes.

También la modalidad de llamadas intimidatorias tiene de rehén a una mayoría de personas que con grandes o ancianas que por salvar la vida de un familiar o pariente, entregan lo que tienen, que a veces es fruto de toda una vida de trabajo.

Cuando se detienen a estas personas, muchas de la comunidad gitana, como no ejercen violencia física se las deja rápidamente en libertad o con los vínculos policiales y judiciales muy aceitados que tienen, pagan enormes sumas de dinero para estar en pocos días en libertad de nuevo.