Por Gabriela Fernández
“Desde que asumió el PRO en la Ciudad, el 9 de diciembre del 2007, ya vendieron 200 manzanas de tierras públicas para negocios inmobiliarios, una cantidad de terrenos equivalente al barrio de Floresta o al de Retiro. Lo pudo hacer gracias al apoyo de parte del arco político opositor que en la Legislatura le voto todo lo que pidió el PRO cuando era minoría, a cambio de favores políticos y económicos”.
Esta es una afirmación de Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho que ha denunciado junto a asociaciones de vecinos como “SOS Caballito”, “Basta de Demoler” o “Es Nuestra Buenos Aires” los espurios y multimillonarios negocios del PRO en la ciudad, usufructuando tierras públicas para negocios privados, muchas veces de forma ilegal.
Ante muchos cuestionamientos y para cubrirse legalmente, Larreta y sus amigos, finalmente consiguieron, también con el apoyo de la oposición, crear una inmobiliaria estatal que la manejan ellos: la Agencia de Bienes.
El 9 de junio de 2017, la alianza Cambiemos, con el jefe de Gobierno porteño a la cabeza, Horacio Rodríguez Larreta, logró aprobar la creación de la “Agencia de Bienes Sociedad del Estado”. Nada más y nada menos que un organismo estatal, controlado por el macrismo, que puede disponer de los bienes públicos de la ciudad a su gusto, una especie de “inmobiliaria Pro” que, además, sirve para gastar un multimillonario presupuesto paralelo que podrán utilizar sin rendir cuentas.
Un ejemplo es el Tiro Federal donde van a concretar un negocio inmobiliario de 600 millones de dólares.
Las tierras públicas del Tiro Federal Argentino lograron dividirlas en 3 polígonos, dos serán vendidas para hacer un polo educativo y lujosas viviendas y el restante para la continuidad de la asociación civil deportiva. El negocio inmobiliario es perfecto: uso de tierras públicas cedidas a amigos emprendedores en un lugar exclusivo, donde el metro cuadrado vale 3.600 dólares.
Para entender esta nefasta máquina del PRO de hacer negocios en la ciudad con tierras públicas, contamos otros 3 casos actuales, que son absolutamente ilegales y muestran que no les importa nada más que sus negocios y la necesidad de los vecinos figura solo en los discursos.
- Las tierras del Hospital Israelita ahora son de utilidad privada
En una aceitada embestida judicial elaborada con el gobierno porteño, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires dispuso hace unos meses, la clausura y el traslado de pacientes del Hospital Israelita, ubicado en Terrada y Av. Gaona, límite de los barrios de Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre y Flores.
El PAMI, en un operativo que incluyo 9 ambulancias, retiró a 80 ancianos que se alojaban en un geriátrico que maneja una cooperativa a cargo del hospital desde 2004.
Según la Fiscalía porteña, “el lugar no cuenta con habilitación y presenta irregularidades que significan un riesgo tanto para los pacientes como para los trabajadores de la institución”.
La decisión fue cuestionada en duros términos por la “Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada”, negando las malas condiciones en las que dice la fiscalía se encuentra la institución, que funciona como sanatorio, tenía habilitado el geriátrico y tiene una escuela de enfermería con 300 alumnos.
Pero además de la clausura del geriátrico, el 29 de marzo de 2017, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno realizó una primera clausura del centro de salud que luego consideraron incumplida, entonces la decisión del fiscal, meses después, fue la clausura definitiva no solo del geriátrico, sino también del centro de salud.
Ahora toda la situacion está judicializada, pero algo llamo la atención de la cooperativa y fue que el jefe de Gobierno de la Ciudad, envió, al otro día del operativo, un proyecto de ley a la Legislatura porteña para desafectar de utilidad pública el inmueble del Hospital Israelita, con el argumento que “No existe ningún beneficio para la comunidad para sostener la utilidad pública que supone la afectación del predio y los bienes a favor de la Cooperativa”. Por lo tanto, solicitó que sea declarado de utilidad privada.
La Legislatura porteña aprobó, en la última sesión del año este proyecto de ley elaborado Larreta y desafectó la utilidad pública del inmueble y lo declaro de uso privado.
Vecinos, pacientes y médicos estuvieron presentes en las gradas y protestaron durante el tratamiento parlamentario y denuncian un negocio inmobiliario de Larreta con estas maniobras.
Breve historia del despojo
El hospital fue fundado por la Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos hace más de un siglo. En la década del 90 la estructura financiera del nosocomio se vio perjudicada y quebró en 2003. Al año reabrió como la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada, administrada por sus trabajadores. Con leyes de 2005 y 2008 El Gobierno de la Ciudad declaró “de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria” el lote de Nazca y Gaona y dio lugar a que se instalara el geriátrico, con asistencia del PAMI, que funcionara al centro de salud y permitió la continuidad de la escuela de enfermería.
En los fundamentos de esta oscura maniobra legal, Rodríguez Larreta dice: “No existe ningún beneficio para la comunidad, ni para los habitantes de la Ciudad que pueda sostener la utilidad pública que supone la afectación del predio y los bienes a favor de la Cooperativa. Corresponde señalar que mediante los artículos 4° de las leyes Nros. 1.911 y 2.971, se estableció que el inmueble, los bienes intangibles y los bienes muebles debían ser destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada. Cabe destacar que, en la actualidad, dicha Cooperativa no se encuentra habilitada para funcionar como prestadora de servicios de salud, ni ante los organismos competentes de Nación, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Lo que no dice Larreta que esto sucede porque el mismo gobierno provoco la situación que denuncia, para quedarse con el predio.
El legislador Marcelo Depierro (Mejor Ciudad) explicó su voto negativo: “La Ciudad debería haber puesto en regla la documentación del hospital” y denuncio que las tierras del centro de salud pueden terminar en un emprendimiento inmobiliario: “Un inmueble con una quiebra o con un destino de utilidad pública tiene un valor, si le quitás la utilidad pública tiene otro. Se puede vender muy bien la media manzana de Nazca y Gaona. Un tratamiento distinto era colaborar para que la cooperativa subsane la situación y siga funcionando el centro de salud y el geriátrico”.
- Venta ilegal de tierras públicas al club Boca Juniors
Los terrenos del predio denominado Casa Amarilla fueron vendidos, a través de la Corporación Sur, que maneja los negocios inmobiliarios de la ciudad, al Club Boca Juniors en una licitación sospechosa (Boca fue el único oferente del llamado).
La venta se encuentra frenada por una resolución cautelar que dictamina que se tratan de tierras públicas.
Los terrenos en disputa, comprados en 1981 por la entonces municipalidad al Estado Nacional, estaban destinados a la construcción de viviendas del programa Casa Amarilla para paliar el déficit habitacional. Originalmente se construirían mil viviendas, pero en un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y la Asociación Civil Casa Amarilla, se redujeron a 400 unidades. Las manzanas que quedaron disponibles pasaron del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) al ejecutivo, que a su vez, los transfirió en 2010 a la Corporación Buenos Aires Sur.
Mientras sucedía todo este cambio, el Club Boca Juniors armò, en alianza con sus socios del gobierno, una estrategia política-legislativa para apropiarse de los terrenos para la construcción de un nuevo estadio, con mucho éxito, aunque ilegal.
En 2014 re-zonificaron el lugar para el uso de las 3,2 hectáreas y permitir así el nuevo emprendimiento. Luego de un llamado irregular a licitación pública -que no menciona la construcción de un estadio sino de equipamiento social y cultural- la corporación BS AS Sur vendió los terrenos al club por una suma ridícula y sin aprobación de la Legislatura, que rápidamente, “por seguridad”, alambraron el lugar, aprovechando los lazos sanguíneos con el Gobierno de la Ciudad para construir un Estadio Shopping.
La organización “Boca es Pueblo” se opone a que se construya un nuevo estadio usando tierras destinadas a viviendas y el colectivo “La Boca Resiste y Propone”, integrado por vecinos e hinchas del club, tienen presentado un amparo y declaran: “Nos resistimos a que se avasallen los derechos de todos los vecinos y vecinas del barrio para que unos pocos puedan hacer sus negocios… proponemos frenar la venta de tierras públicas, con la firme convicción de que los poderosos de turno no van a arrebatarnos lo que es nuestro por derecho”
Esta disputa fue el eje de la pelea que el 5 de mayo de 2017 sucedió en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, cuando los vecinos denunciaron las operaciones entre el gobierno porteño y las autoridades del Club Boca Juniors para quedarse con los terrenos de Casa Amarilla.
A Matías Scinica, miembro de “Boca es Pueblo” le clavaron un cuchillo en el cuello y a Fernando Abal Medina lo golpearon en la cabeza con un fierro, cuando hicieron la denuncia en la comuna. Se supo que Rodolfo Corzo, quien entró cuchillo en mano y apuñalo a Matias, es empleado del gobierno de la ciudad desde 2013. Este episodio fue silenciado, escandalosamente, por los medios masivos que responden a Cambiemos y nadie hablò de los negociados del gobierno porteño con la dirigencia de Boca Juniors por los terrenos de Casa Amarilla.
Para lograr quedarse con las tierras, usaron patotas, cambiaron la zonificación y vendieron los terrenos ilegalmente a precio vil.
Un sistema repetido en otros barrios por el gobierno en la ciudad: irregularidades y atropellos para garantizar negocios privados multimillonarios con la tierra pública.
- De “Plaza Clemente” a cocheras y un shopping privado a cielo abierto
En 2007 la Legislatura de la ciudad decidió por Ley que el terreno ubicado frente al Mercado de Pulgas de Colegiales (calles Dorrego y E. Martinez) debía convertirse en un parque. Paso el tiempo y la insistencia vecinal logro que Diego Santilli, vice jefe del ejecutivo porteño, prometiera que esos terrenos se transformarían en plazas, que se cumpliría la ley, a tal punto que les pusieron nombres en la Legislatura: Plaza Biro (en homenaje al inventor de la birome, que vivió en Colegiales) y Plaza Clemente en homenaje al dibujante Caloi.
Pero las promesas tuvieron patitas cortas como las mentiras: el terreno delimitado por Martínez, Concepción Arenal y Alvarez Thomas, donde se haría la Plaza Biro, a mediados del año pasado, sorpresivamente se lo asfaltó, se lo desforestó y rodeado de rejas, fue concedido a Buenos Aires Market para que este emprendimiento privado, cuyo propietario es el ex de Gabriela Michetti, instale una vez cada tanto, su feria gastronómica.
Mientras tanto, la Plaza Clemente, que se construiría en el terreno delimitado por la calles Concepción Arenal, Conde, Dorrego y Enrique Martínez, en el lìmite con Palermo, el Gobierno de la Ciudad la quiere suplantar por un Shopping con 250 cocheras y terrazas verdes. El emprendimiento, que además contará con un SUM y locales comerciales, ya fue concesionado a empresas constructoras por 30 años, todo a espaldas de los vecinos. El lugar será explotado comercialmente por tres décadas pagando un canon insignificante de 30 mil pesos mensuales, cuando las ganancias previstas por las empresas son de $400.000 por mes.
Los vecinos de Colegiales se movilizan para impedir que se concrete esta idea y quieren, tal como estaba previsto por ley, un espacio verde, público y accesible para todos. En la zona existe una tasa de apenas 0,7 metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante, cuestión que al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta parece no importarle nada.
El terreno actualmente está cercado y la Plaza“Clemente” no sólo nunca será una plaza, sino que dejó de ser un espacio público donde inversores privados, construirán cocheras y locales.
Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, la Comuna 13 tiene 4,8 metros cuadrados de espacio verde por habitante, (debajo de la media en la Ciudad que es de 6 m2/habitante) y Colegiales en particular cuenta con 0,7 m2/habitante, ubicándose muy lejos de estándares internacionales que recomiendan 10m2/hab en las grandes urbes.
El Gobierno de la Ciudad ya inició los trabajos de limpieza del terreno y el cartel de obra indica la construcción de un shopping a cielo abierto, obra totalmente ilegal, porque la zona está catalogada como UP (Urbanización Parque, de exclusividad para uso público, no privatizable) por la Ley 2567. El Código de Planeamiento Urbano porteño lo confirma.
Si no prospera el amparo presentado por los vecinos, el proyecto lo hará el estudio de arquitectura Lopatin Arquitectos, mientras que la inversión y la construcción estarán a cargo de las empresas Prospert S.A.- Borok Construcciones S.R.L, que a cambio recibirán la concesión y usufructo del predio por 30 años abonando un canon irrisorio.
Los vecinos denunciaron el manejo ilegal del predio por parte del Gobierno de la Ciudad y el incumplimiento de la Constitución de la Ciudad, con el fin de lucrar con el espacio público.
En una nota presentada a la justicia, hacen responsables de este atropello al presidente de la Junta Comunal 13, Gustavo Acevedo; al Director General de Espacios Verdes, Ariel Gustavo Lasge; al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli; así como al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Al gobierno de Larreta solo le importa los negocios de ellos y sus amigos, lo demás es chamuyo, marketing, engaños, mentiras. Y para peor, ahora son mayoría en la Legislatura.
Estos tres casos, se repiten en todos los barrios porteños, con la misma ilegalidad y arbitrariedad y siempre a contramano de lo que quieren y necesitan los vecinos.
