Los contagios en el Barrio Padre Mugica y la aparición de COVID-19 en geriátricos, institutos de menores y paradores de la Ciudad entre otros temas relacionados con la falta de políticas activas contra el coronavirus de parte del gobierno porteño, ha hecho que la justicia le exigiera al jefe de gobierno un protocolo de atención de la emergencia sanitaria para atender estos casos de coronavirus con celeridad, dándole un plazo de cinco días para cumplir con la demanda.
El fallo fue dictado por el juez en lo contencioso administrativo Darío Reynoso fue como respuesta a una medida cautelar presentado por los comuneros Ignacio Álvarez, de la Comuna 4, y Miguel Ángel Eviner, de la Comuna 8 y advirtió sobre el grave riesgo a la propagación ante un potencial brote que pueda ser incontrolable.
El Juez sacó la conclusión de que no existe un protocolo específico de acción y prevención para villas, asentamientos y barrios vulnerables.
Dada la gravedad de este tema, el presidente Alberto Fernández se reunió con vecinos de estos barrios para escucharlos y elaborar un plan de acción que contenga el brote en las villas de la ciudad.
Johana Ybarrolla, quien participó de la reunión con Larreta, Santilli y Migliore expresó que querían “poder mirarlos a los ojos y decirle el dolor que causaron y cómo duele, la muerte de Ramona!.” Agregó que “claramente esta reunión llegó tarde porque lo veníamos anunciando a principios de la cuarentena que los barrios no daban abasto frente a la pandemia. Esta reunión la habíamos pedido el 30 de abril cuando ya se veía el desborde de las villas, cuando todavía estábamos a tiempo para tomar las medidas necesarias y evitar todo lo que sucedió, cuando todavía estaba Ramona…”
Los vecinos denunciaron que hacia doce días que estaban sin agua en la villa 31 a pesar de los 170 millones que le dio el Banco Mundial para obras de provisión de agua potable de las cuales se realizó solo el 1% de las obras. Además no proveyeron desde el gobierno de la ciudad de elementos básicos de higiene ni atendieron la emergencia alimentaria.
Por otro lado el Comité de Emergencia y la Junta Vecinal de la Villa 21/24 expreso que en el Hospital Ramos Mejia se mezclan vecinos contagiados, enviados por el gobierno, con otros vecinos que no lo están, sin ningún protocolo sanitario ni pudiendo cumplir con el distanciamiento social indispensable.
Dada esta situación de falta de política sanitaria activa hacia sectores vulnerables, también la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario 12, Alejandra Petrella, ordenó que el gobierno porteño “arbitre los medios a fin de dotar a todas las personas internadas en los hospitales psiquiátricos de protección personal” e insumos para la “prevención del contagio del coronavirus” tras hacer lugar a un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La medida establece que se entregue a los hospitales Borda, Moyano, Alvear y Tobar “elementos de higiene y seguridad (jabón, toallas, alcohol en gel) en servicios, pabellones y consultorios externos.
