Por Ricardo Guaglianone
Pocos saben que las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una importancia jurídica e institucional igual al rango que la Carta Magna le otorga a la Legislatura y al Poder Ejecutivo. En el Capítulo Sexto de la Constitución de la ciudad, se reconocen a las comunas como gobiernos autónomos con presupuestos asignados para su pleno desarrollo, con facultades exclusivas y otras concurrentes con el gobierno central.
Esta idea de impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos y descentralizar el poder, se plasmó en la reforma constitucional de 1994.
Tan es así, que el tema Comunas y Presupuesto Participativo, traspasa todo el texto constitucional, por esta razón, consideramos una obra de arte de los políticos de todos los bloques legislativos, haber borrado de la consideración ciudadana esta importantísima instancia de participación de la sociedad civil: unos, los que gobiernan, no cumpliendo con el mandato de la constitución porteña y otros (los legisladores de cualquier color político) invisibilizando este tema.
Democracia representativa vs participativa
Una de los mayores logros de la clase política porteña en estos años, luego de la crisis del 2001, fue que la sociedad civil en su conjunto no participe activamente ni tenga incidencia real en las discusiones acerca de políticas sociales y mucho menos, que tenga poder en la asignación de recursos, una posibilidad que seria factible si se hubieran desarrollado correctamente y con mayores atribuciones las comunas en la ciudad.
El problema es que los legisladores de todos los partidos sin excepción, confunden y tergiversan –por ignorancia o por conveniencia—el carácter participativo del régimen político, definido con estas características en la Constitución de la ciudad.
La democracia porteña no es una democracia representativa, la Carta Magna porteña define a la democracia porteña como participativa, por lo tanto, los legisladores surgidos de cada elección deberían propiciar la concreción de este mandato constitucional, principalmente a través de los gobiernos comunales y de sus Consejos Consultivos de Vecinos, que en la actualidad no sirven para nada.
La situación actual
Anulada de facto la posibilidad de participación ciudadana en las comunas, la única instancia de incidencia que existe en decisiones que pueden afectar al medio ambiente o a la vida cotidiana de la gente, es la Audiencia Publica, una instancia constitucional obligatoria, pero no vinculante.
Allí los vecinos pueden expresar sus reparos por algún proyecto polémico o proponer alternativas ante las propuestas del poder político, que es finalmente el que decide si tiene en cuenta o no esa opinión.
La otra instancia de participación legal es la Iniciativa Popular, pero su implementación es prácticamente imposible ya que se requiere el aval del 15% del electorado porteño (imposible de alcanzar para mortales comunes) para que se tenga en cuenta una iniciativa ciudadana para tratamiento obligatorio.
La instancia política que permitía una participación plena de los ciudadanos, era la de comunas con gobiernos autónomos, donde la Junta Comunal de siete miembros era la encargada de conducir y decidir los asuntos públicos. Sin embargo, nunca hubo información masiva a la población ni se realizó un trabajo personalizado con las instituciones intermedias para sumarlas al proceso participativo.
Esto revela la real intención de generar un desaliento que finalmente logró que las comunas no sirvan para nada y que los ámbitos de participación se conviertan en una especie de entretenimiento que no logra ningún resultado concreto en los temas de fondo.
La necesidad de reformar la ley
Tal como fueron desarrolladas, las comunas no sirven más que para hacer algunos trámites como si fueran los CGP anteriores a la ley. Para lograr los ambiciosos objetivos constitucionales planteados en la Reforma de 1994, es necesario una urgente reformar de la Ley, (cuestión que a ningún bloque legislativo le interesa).
Por lo tanto, ante la negación legislativa de ampliar las facultades de las comunas, la posibilidad de desburocratizar y descentralizar en serio la gestión en la ciudad para beneficio del ciudadano, (el destinatario de los bienes y servicios), no existe en la perspectiva actual.
Otro de los temas que quedan en el olvido es la posibilidad del saneamiento de las cuentas del sector público orientadas a evitar el derroche, la malversación (ejemplo: bicisendas a 390 mil pesos cada cuadra) o el uso del dinero público para sostener estructuras partidarias empleando a militantes o allegados en puestos de responsabilidad gubernamental o destinar el dinero a obras innecesarias, como renovar el asfalto de una calle dos o tres veces en un par de años y otras que vemos a diario.
Conclusión aproximada: a los funcionarios y los legisladores de todos los bloques políticos no les interesa que los vecinos tengan más incidencia en las cuestiones públicas. Que se entienda bien, en la ciudad la democracia es participativa no representativa, el que debería decidir las políticas pùblicas son los ciudadanos, no los legisladores.
Un ejemplo del despropósito legislativo: este año se está discutiendo la Reforma del Código de Planeamiento Urbano que afectara profundamente la vida en la ciudad, sin embargo, los Consejos Consultivos de Comunas y las Juntas Comunales no tienen ni voz, ni voto y ni siquiera son consultados para saber que opinan de los cambios que afectaran para bien o mal a sus barriadas.
En comunas como las de Barcelona o los Cantones Suizos, la incidencia de los ciudadanos es vital. Estos sistemas se los llama Gobiernos Multifunción, porque se ocupan de las cuestiones locales con abultados presupuestos asignados por ley, pero también participan activamente de la definición de políticas públicas nacionales y de la Eurozona.
Estamos muy lejos de ese nivel, a pesar que la Constitución de la Ciudad Autónoma les da una entidad legal trascendente a las comunas, circunstancia despreciada por los integrantes de todos los bloques legislativos.
La única instancia para reflotar esa hermosa idea expresada en la Constitución porteña es una reforma de la ley de Comunas, que le de atribuciones concretas a los ciudadanos, presupuesto asignado por ley y habilite la discusión de que ciudad queremos y que barrio queremos entre todos.
Lo demás es todo verso. O conveniencia de gente venidos en “dirigentes”, que no respetan la constitución y por ende al pueblo de la ciudad.
