La falta de jardines maternales públicos y gratuitos deja a miles de familias en una situación desesperada. Sin una ley que obligue al Estado a garantizar el cuidado de niñeces entre 45 días y cuatro años, muchas madres y padres se ven obligados a recurrir a guarderías privadas con cuotas inaccesibles o depender de familiares para cuidar a sus hijos para poder trabajar.
Ante esta carencia, desde los años 80 y 90, grupos de vecinos en los barrios han creado jardines comunitarios. Más recientemente, se sumaron los Espacios de Primera Infancia (EPI) para infancias de sectores vulnerables, financiados por el Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, recientemente, el nuevo Ministerio de Capital Humano dejó de ejecutar este plan, con el aval del presidente, poniendo en peligro la continuidad de estos espacios vitales. La ministra Sandra Pettovello tampoco ha enviado alimentos desde diciembre, lo que ha llevado a muchos jardines a pedir cuotas sociales a las familias o buscar donaciones para alimentar a sus alumnos.
Natalia Zarza, del espacio de cuidado «El amanecer de les pibes», en Villa Fiorito, describe la situación como desesperante, especialmente la falta de alimentos. A pesar de los intentos de diálogo, el Ministerio de Capital Humano ha argumentado que no desea intermediarios, sin ofrecer soluciones concretas.
El Plan Nacional de Primera Infancia, financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo, es vital para estos espacios, pero su interrupción afecta gravemente a los niños y a las trabajadoras de los jardines, muchas de las cuales dependen del subsidio Potenciar Infancia, recientemente recortado.
Sin el apoyo adecuado, muchos jardines y EPI se enfrentan al cierre, dejando a miles de niños sin cuidado ni alimentación adecuada.
A pesar de las movilizaciones y las promesas de diálogo, la incertidumbre persiste para estas comunidades, que luchan por mantener abiertos los espacios de cuidado de los niños más vulnerables del país.
