El Gobierno de la Ciudad tiene un plazo “único e improrrogable” de 45 días para realizar las refacciones y obras que garanticen la seguridad de trabajadores y pacientes del Hospital Tornú, incluyendo reacondicionar las redes de provisión de gas y agua, colocar los matafuegos necesarios y desobstruir salidas de emergencia, entre otros.
Además de fijar un plazo, el fallo judicial advirtió que en caso de incumplimiento habrá multas por cada día de demora para las máximas responsables de las medidas: las ministras de Salud y Educación porteñas. El juez advirtió que la falta de concreción de las obras, a casi siete años de iniciado el proceso de denuncia, no se debe a una cuestión presupuestaria sino a falta de voluntad política.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº2, a cargo de Andrés Gallardo definió que en no más de 45 días corridos el Ejecutivo deberá garantizar el estado de higiene y condiciones edilicias que prevengan situaciones de riesgo; reparar las redes de gas; adecuar la red eléctrica a la legislación vigente, así como el sistema de agua bajo presión; instalar sistemas de iluminación y señalización de emergencia adecuados; entre otras deficiencias.
En caso de incumplimiento, el juzgado advirtió que se aplicará una multa conminatoria de $2500 por cada día de retraso a las ministras de Salud, Ana María Bou Pérez, y de Educación, Soledad Acuña.
La titular de la cartera educativa forma parte de la resolución porque entre las medidas ordenadas por el juez se encuentra la reforma necesaria para garantizar un acceso directo e independiente desde el exterior a la Escuela Infantil 2 del Distrito Escolar 14.
La denuncia sobre la situación edilicia del Tornú comenzó hace siete años por parte del Ministerio Público Fiscal. Hubo sentencia contra el Gobierno de la Ciudad en 2014, que se encuentra firme desde agosto de 2016: “Si en el lapso similar el Gobierno local pudo ejecutar y concluir diversas obras de gran envergadura, como son el Metrobus del Bajo, el de Av. San Martín, etc., bien podría haber realizado las ordenadas en la sentencia de autos, cuya magnitud y costo es, sin duda, sensiblemente menor”, contrastó Gallardo.
En los últimos meses, los trabajadores realizaron abrazos solidarios y otras medidas para visibilizar el mal estado del Tornú, pero es evidente que al gobierno de la ciudad no le interesa mejorar la salud pública, sino que busca situaciones para liberar terrenos que luego vuelca a la especulación inmobiliaria.
